Que no se limite a 3 por ciento el presupuesto en gastos de salud y seguridad

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Blanca Alcalá Ruiz impulsa iniciativa para que en el gasto destinado a personal médico, paramédico y de seguridad pública, en los estados y municipios, no se establezca un límite de crecimiento de más del 3% en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año anterior. 

Alcalá Ruiz, destacó que la iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona dos párrafos a la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, busca garantizar una distribución equilibrada y transparente de recursos tomando en cuenta las problemáticas y condiciones diferenciadas de los municipios.

“La presente iniciativa contempla la adición de dos párrafos finales al artículo 10, a efecto de exceptuar de los límites dispuestos en esta fracción para servicios personales, cuando se trate de asignaciones a personal médico, paramédico, seguridad pública y afines, toda vez que dichas funciones son esenciales para la población.

Ambas funciones requieren de esfuerzos presupuestales, en el caso del personal médico, cabe tener presente que nuestro país se encuentra saliendo de una emergencia de salud, y, en el ámbito de seguridad, las cifras dan cuenta de una grave crisis”, detalló la legisladora priista. 

Precisó que en congruencia con las disposiciones vigentes en materia de disciplina financiera de las Entidades federativas y los municipios y de seguridad pública, propone que las asignaciones presupuestales destinadas a personal médico, paramédico, de seguridad pública, no se limiten, por atender funciones esenciales para el bienestar de las familias y la protección de bienes jurídicos tutelados de las personas.

La legisladora poblana sostuvo que nuestro país atraviesa una grave y compleja crisis en materia de seguridad pública, agudizada en diversas regiones, “por lo que resulta esencial evaluar las estrategias y esquemas de coordinación entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, que permitan hacer un abordaje efectivo e integral del problema de la inseguridad”. 

“Es evidente la urgencia de fortalecer la coordinación, así como la asignación de recursos suficientes, etiquetados y debidamente evaluados, que permitan crear las condiciones para que las policías municipales tengan un papel más decisivo en la reducción de la violencia e incidencia delictiva”, señaló.