Bangladés modifica el sistema de cuotas para acceder al empleo público ante las protestas

“El Tribunal Supremo ha dicho que el veredicto del Tribunal Superior fue ilegal”, declaró el fiscal general A. M. Amin Uddin a la AFP, refiriéndose a un fallo anterior que había reintroducido el sistema de cuotas.

La norma, que permite a los hijos de los veteranos de guerra acceder más fácilmente al empleo público, desató una ola de disturbios que según un recuento de la AFP, ya dejaron al menos 151 muertos en este país asiático de 171 millones de habitantes.

El Tribunal Supremo tenía que pronunciarse el mes que viene sobre la legalidad del sistema, pero adelantó su veredicto ante las escenas de violencia que sacuden la nación y el desafío que suponen para la primera ministra Sheikh Hasina, en el poder desde hace 15 años.

Los soldados han sido desplegados en las ciudades ante la incapacidad de la policía antidisturbios de restablecer el orden, y la conexión a Internet se encuentra limitada desde el jueves, lo que restringe el flujo de información al exterior.

La sentencia del alto tribunal redujo el número de empleos reservados del 56% al 7%, pero no llegó a satisfacer las demandas de los manifestantes.

Shah Monjurul Hoque, un abogado implicado en el caso, declaró a la AFP que el tribunal también pidió a los estudiantes “volver a clase”.

El principal grupo estudiantil, “Students Against Discrimination”, afirmó sin embargo a la AFP que las protestas no se detendrán “hasta que el Gobierno tome una decisión que tenga en cuenta nuestras reivindicaciones”.

Dimisión del gobierno

Con el fallo del Tribunal Supremo, el 5% de los empleos en el servicio público — y ya no el 30% — seguirán estando reservados a los hijos de veteranos de la guerra de independencia, y el 2% a otras categorías.

El 93% restante de los puestos se decidiría por mérito, dictaminó el tribunal.

Cerca de 18 millones de jóvenes están sin trabajo en Bangladés, según datos del gobierno. La reintroducción del sistema de cuotas molestó profundamente a este sector de la población, que se enfrenta a una aguda crisis de empleo.

Según los críticos, el sistema también es una manera de colocar a personas afines a la primera ministra en los empleos públicos.

Los opositores acusaron además al ejecutivo de influir en el poder judicial, aunque Hasina sugirió a esta semana que el tribunal emitiria un fallo favorable a las demandas estudiantiles.

Los estudiantes habían pedido la abolición total del sistema y la introducción de otras cuotas para mujeres y distritos específicos del país.

Hasina, de 76 años, dirige el país desde 2009 y ganó sus cuartas elecciones consecutivas en enero, en unos comicios en los que no hubo oposición real.

Grupos de derechos humanos acusan a su gobierno de utilizar indebidamente las instituciones del Estado para afianzarse en el poder y acabar con la oposición, entre otras mediante ejecuciones extrajudiciales.

“Ya no se trata de los derechos de los estudiantes”, declaró a la AFP el empresario Hasibul Sheikh, de 24 años, en una protesta el sábado en Daca, la capital, que desafío el toque de queda impuesto en todo el país.

“Nuestra exigencia ahora es un punto, y es la dimisión del gobierno”.