Desapariciones de menores es un problema sin solución, Luisa Núñez

María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, comentó sobre el grave problema que representa la desaparición de menores en el estado, pues el número de casos es alarmante y incierto.

Explicó que en algunos casos, las desapariciones están relacionadas con disputas entre los padres por la guarda y custodia durante procesos de divorcio o separación. En estos contextos, no se trata de desapariciones forzadas, sino de conflictos familiares o de pareja.

En el caso de los adolescentes, la situación suele ser diferente, ya que algunos huyen de casa debido a maltrato familiar, violencia por parte de padres o padrastros, o bien por explotación laboral.

Núñez señaló que no existe una estadística exacta sobre la desaparición de menores, porque la Fiscalía General del Estado no cuenta con un área especializada para la búsqueda de infantes. Además, cada caso se trata de forma generalizada, sin aplicar la perspectiva adecuada para la investigación de menores de edad.

“El tratamiento que se da a estos casos es exactamente igual al que se da a adultos, adultos mayores, mujeres o víctimas de desaparición forzada”, dijo. Criticó que no existe una clasificación clara, y todos los casos se concentran en un área general de personas desaparecidas.

Agregó que si bien algunos menores están reportados como no localizados, no todos son víctimas del delito de desaparición forzada, ya que muchas desapariciones tienen origen familiar.

Además, cuando se reporta la desaparición de un menor, no se respeta la perspectiva de género, ni se considera el interés superior de la niñez. Hay casos de menores con hasta cinco o seis años desaparecidos que aún no han sido localizados y cuyas investigaciones permanecen detenidas o inconclusas.

Recordó el caso de Rafa, un menor de 12 años desaparecido en 2020, cuyos restos fueron encontrados el pasado 14 de abril enterrados en el jardín de la casa donde vivía. El hallazgo se logró gracias a la insistencia de la familia, pese a que la Fiscalía ya había inspeccionado ese lugar al menos en dos ocasiones.

Este caso, dijo, demuestra el deficiente actuar de las autoridades y refleja la crisis en el sistema de búsqueda e investigación, lo cual impide dar con el paradero de menores desaparecidos.

Para finalizar, María Luisa Núñez subrayó que no existe una base de datos clara que permita saber cuántos menores son realmente víctimas de desaparición forzada, cuántos están relacionados con conflictos familiares o cuántos siguen desaparecidos. Todos los casos se investigan de la misma manera, sin una clasificación adecuada que oriente su resolución.