David Becerra
Burocracia, tecnicismos y vacíos legales han generado angustia a los familiares de Ignacio Armando García Benítez.
El pasado 15 de mayo, Ignacio, de 51 años, circulaba en su motocicleta sobre la avenida 43 Oriente. Al llegar a la intersección con la calle 3 Sur, una camioneta blanca conducida por una mujer le realizó un corte de circulación, lo que provocó un aparatoso choque entre las unidades. Ignacio salió proyectado hacia el pavimento, sufriendo lesiones severas. Desde ese momento, comenzó el suplicio para su familia.
“La responsable iba con una persona, al parecer su esposo. Se acercan con los peritos y ella ofrece su seguro ‘para que entre’. Es puesta a disposición del MP, pero la señora argumenta que está embarazada. Ya en C5, refiere sentirse mal y la trasladan al hospital, donde queda bajo custodia.”
La familia de Ignacio señala que hubo omisiones desde los peritajes iniciales, pues en el reporte no se estableció la responsabilidad, a pesar de que hubo testigos que ofrecieron su declaración.
“Desde el principio hubo una mala integración. Empezamos con el tema de los peritos: sí, la ponen a disposición, pero luego nos dicen que no se determinó responsabilidad, lo cual es incongruente. Hubo testigos que hicieron un señalamiento directo. Después, el MP en C5 integra mal el caso: hace mal la solicitud de audiencia y no anexa el estado crítico de mi hermano. El juez, al revisar, no fija audiencia.”
La familia está preocupada, pues Ignacio permanece en terapia intensiva en el Hospital Betania, con un pronóstico reservado, mientras que los costos médicos continúan aumentando y la incertidumbre sobre la fecha de formulación de imputación crece cada vez más. Si bien el personal médico ha trabajado incansablemente por el bienestar de Ignacio, el área administrativa del hospital exige la cobertura inmediata de los gastos..
“Necesitamos que se garantice la reparación integral de los daños. El seguro no va a alcanzar, y ese es un grave problema. La cuenta del hospital es enorme y ya tenemos dificultades con ellos.”
Otro obstáculo ha sido el área administrativa del hospital, donde Viridiana, hermana de Ignacio, ha sido presionada para responder por la factura, que ya ronda los 3 millones de pesos, pero que podría crecer aún más.
“El hospital empezó a negar servicios médicos. Mi hermano requería atención urgente y no se la dieron a tiempo. Yo he estado ahí, he dado la cara, expliqué la situación desde el inicio, y aun así me están presionando.”
El tiempo corre, las facturas aumentan, y la burocracia ha impedido que se logre el objetivo principal: salvar la vida de Ignacio. La familia hace un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado para que intervenga y agilice el caso.
