Los Ángeles declara estado de emergencia por las redadas migratorias
El condado de Los Ángeles se encuentra este miércoles bajo un estado de emergencia declarado tras las redadas migratorias de la administración de Donald Trump, la más reciente acción de respuesta a la línea dura del mandatario republicano en esta área.
La declaración, que es reservada usualmente para desastres naturales, libera recursos que pueden ser usados para ayudar a las personas afectadas en el condado californiano, en donde reside un significativo número de inmigrantes indocumentados, y uno de los más diversos demográficamente de Estados Unidos.
Quienes apoyan la acción opinan que las redadas ejecutadas por agentes enmascarados atacan directamente a personas que hablan español o de apariencia hispánica.
Afirman que estas redadas aterrorizan a la población, e impiden que muchos salgan a trabajar, lo que dificulta la situación económica entre los inmigrantes, cuyos ingresos semanales disminuyeron en 60%, de acuerdo con una reciente encuesta.
El condado votó 4-1 a favor de la declaración el martes.
Janice Hahn, una de las supervisoras del condado que respaldó la acción, dijo que era necesaria en respuesta “al miedo, el dolor y el desorden que (…) estas redadas causan en nuestra comunidad”.
“Tenemos familias enteras desamparadas porque sus padres o madres fueron arrebatados de sus lugares de trabajo”, dijo.
Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias del federal Departamento de Seguridad Nacional ejecutadas en agosto desataron malestar en Los Ángeles.
La población respondió con protestas que se extendieron durante semanas, mientras que Trump reaccionó enviando soldados a las calles de la segunda mayor ciudad del país, una medida considerada innecesaria e incendiaria por detractores.
Las redadas se propagaron por ciudades mayoritariamente gobernadas por demócratas, como Chicago y Portland, a donde la Casa Blanca también ha intentado enviar la Guardia Nacional.
La decisión del martes en Los Ángeles sienta las bases para proteger a inquilinos que se atrasen en el pago del alquiler por culpa de las redadas.
Kathryn Barger, el único voto en contra de la Junta de Supervisores, dijo que no apoyaba la proclamación porque temía que derivaría en acciones legales costosas del gobierno federal.
“Necesitamos soluciones reales, no gestos simbólicos”, dijo en un comunicado tras la votación.
“Voy a continuar apoyando los programas para comunidades que son blanco de acciones como la ayuda legal y la asistencia para inquilinos, los cuales proveen ayuda significativa a familias vulnerables, al tiempo que respetan los límites legales, protegen los recursos del condado, y preservan la confianza del público”, añadió.
