Pilar Bravo
La sesión ordinaria en el Congreso del Estado, con 43 asuntos en agenda, se desarrolló a una velocidad no habitual, ya que se leyeron solo las propuestas y pocos diputados pudieron presentar en vivo sus iniciativas. Quien logró hacer uso de la tribuna fue la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, quien presentó una iniciativa sobre la importancia de la salud mental de las personas.
No es un tema simple, ante el crecimiento de trastornos que llevan a muchas personas que no cuentan con asistencia a recurrir al suicidio o a caer en las adicciones. Las presiones de la vida han descompuesto el equilibrio emocional de muchos ciudadanos; por ello, la diputada Suriano propone reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones, con el propósito de garantizar la salud mental como un derecho humano reconocido.
Esto implica establecer las bases normativas para que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca de manera progresiva la disponibilidad y distribución de personal especializado en salud mental.
Para lograr esta reforma, propone modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 9 y 10 de la Ley de Salud Mental y Adicciones, con el fin de que la atención no se limite únicamente al Hospital Psiquiátrico El Batán, sino que incluya la creación de consultorios en hospitales y centros de salud.
En la sesión de este día, en otros temas, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de que, cuando una persona actúe en defensa propia frente a una situación de violencia familiar o de género, las autoridades valoren su conducta con perspectiva de género. Esto incluye considerar antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial ejercida por la persona agresora, así como la situación de subordinación, dependencia o riesgo en la que se encontraba quien actuó en defensa.
La propuesta busca adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del Estado y fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Por su parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer el delito de transfemicidio.
La iniciativa plantea que quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género —reales o percibidas—, independientemente del sexo asignado al nacer, sea sancionado con penas mayores. Para ello, se propone adicionar la Sección VI al Capítulo Décimo Quinto del Código Penal del Estado de Puebla, denominada “Del Transfemicidio”.
Lo singular de la jornada legislativa fue la propuesta del diputado Miguel Márquez Ríos, quien solicitó declarar a las Enchiladas de Huauchinango como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Puebla.
