Comparece presidenta de la CDH Puebla ante críticas

Puebla, Pue.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH Puebla) recibió el año pasado más de nueve mil quejas por presuntas violaciones a derechos ciudadanos; sin embargo, el organismo solo emitió 28 recomendaciones. El resto de los expedientes fue desechado por falta de competencia, ausencia de seguimiento o desistimiento de los promoventes.

Rosa Icela Sánchez Soya, presidenta de la CDH Puebla, acudió al Congreso del Estado para la comparecencia solicitada por la Comisión de Derechos Humanos. Ahí, diputadas y diputados coincidieron en que el organismo opera con muy baja productividad.

Comparece @IselaSanchezS, titular de la @CDHPuebla, ante la Comisión de Derechos Humanos del @CongresoPue. #Puebla #TribunaNoticias pic.twitter.com/9RQLaGvc6j

— Tribuna Noticias 🗞️ (@NoticiasTribuna) January 29, 2026

En su defensa, Sánchez Soya afirmó que el reducido número de recomendaciones no debe interpretarse como desinterés ciudadano, sino como resultado de conciliaciones logradas en la mayoría de los casos. Reconoció, además, que hubo señalamientos contra servidores públicos de dependencias como la Secretaría de Movilidad, Carreteras de Cuota, la Fiscalía General, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso del propio Congreso, asuntos que —dijo— fueron atendidos.

Legisladores de distintas fracciones cuestionaron su falta de intervención en la discusión de la Ley de Ciberasedio, considerada por diversos organismos como violatoria de la libertad de expresión. También rechazaron su afirmación de haber atendido a la población de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), pese a que aseguró haber emitido al menos ocho recomendaciones para mejorar el trato en esos espacios.

Defiende su gestión

Respecto a casos de periodistas, la funcionaria defendió su actuación, aunque admitió que en la mayoría de ellos solo solicitó información. Sobre las quejas por falta o limitación de agua en colonias populares, señaló que la CDH no tiene competencia en materia de servicios públicos.

Sánchez Soya destacó intervenciones en favor de menores de edad, personas con discapacidad mental y migrantes, casos iniciados de oficio tras conocer hechos difundidos en medios de comunicación.

En su informe, detalló las modalidades de recepción de quejas: atención personal, 5,787; telefónica, 877; internet (correo y redes sociales), 639; escrito de oficio, 530; remisiones, 475; visitas penitenciarias, 65; actas circunstanciadas, 11; correo postal, 2; y no especificadas, 3. En total, nueve mil tres documentos.

La mayoría de los legisladores cuestionó los resultados. La diputada Delfina Pozos (PRI) afirmó que la comparecencia solo evidenció ineficacia. Luana Armida (PAN) lamentó que el 99 por ciento de los casos no se resolvieran, lo que —dijo— demuestra incompetencia. Los morenistas Elpidio Díaz y Angélica Alvarado fueron menos duros, aunque también obtuvieron respuestas vagas a sus planteamientos.