Pilar Bravo
Para sancionar los casos de despojo inmobiliario que se cometan por personas que engañen o abusen de la confianza de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, indígenas o menores de edad, el Congreso del Estado ya tiene en análisis la iniciativa que envió el Ejecutivo.
La Comisión de Procuración de Justicia, a cargo del diputado Mauricio Céspedes, y el área jurídica del Legislativo tienen en estudio la propuesta para que pueda salir pronto al pleno para su aprobación, de esta manera trabajar en favor de las víctimas.
La propuesta de esta iniciativa es hacer una adición al Código Penal del Estado para incrementar las penas hasta 12 años de prisión para quienes cometan este delito, informó el presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez.
En la conferencia mañanera del Congreso, el diputado explicó que la iniciativa considera endurecer las sanciones en el Código Penal del Estado a quienes favorezcan el despojo de bienes inmuebles y se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o comunidades indígenas.
La propuesta se debe a que se han presentado abusos para quitarles a personas sus viviendas, terrenos o bienes, sobre todo si se trata de gente mayor que se niega a hacer un testamento y que, por engaño, a veces de sus propios familiares, los despojan de sus propias viviendas.
En la iniciativa se indica que se agravará la pena cuando intervenga un servidor público, se simulen actos de autoridad, se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o exista participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.
