La nueva Ley de Aguas acabó con los privilegios
Redacción
En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó gran parte de su conferencia matutina de este lunes 23 de marzo para exponer los primeros resultados de la Nueva Ley General de Aguas, calificándola como un paso histórico para devolver el recurso a la nación y erradicar los privilegios de “elites” y empresas.
Acompañada por el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, la mandataria subrayó que el objetivo central de esta legislación, aprobada a finales de 2025, es terminar con la transmisión irregular de derechos entre particulares y garantizar que el consumo humano sea la prioridad absoluta.
Y es que durante la sección de este lunes, se expusieron casos específicos de irregularidades detectadas bajo el esquema de la ley anterior (1992). Sheinbaum destacó que, anteriormente, las concesiones agrícolas eran utilizadas como un negocio privado:
Mercado Negro: Se denunció que algunos distritos de riego recibían agua gratuita para siembra, pero terminaban vendiéndola a municipios o industrias, generando ganancias ilícitas de hasta 200 millones de pesos anuales.
Caso Testigo: Se exhibió la situación de una familia vinculada a la política en Querétaro, que utilizaba concesiones de uso agrícola —exentas de pago— para abastecer un club de polo y desarrollos inmobiliarios, mientras las comunidades colindantes sufrían desabasto.
Resultados en recaudación y justicia social
El director de CONAGUA informó que, gracias a las auditorías y al nuevo marco legal, la recaudación por derechos de agua aumentó en 3 mil 500 millones de pesos durante 2025, y se proyecta un incremento adicional del 21% para el cierre de 2026.
Como acto simbólico de esta nueva etapa, Sheinbaum Pardo anunció la entrega directa de títulos de concesión a los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito en Baja California. Con esto, los ayuntamientos dejarán de pagar a terceros por el acceso al líquido, asegurando el suministro para las próximas tres décadas bajo control público.
Sanciones severas
La nueva normativa no solo busca el ordenamiento administrativo, sino que endurece las consecuencias para quienes infrinjan la ley:
Multas: Hasta 3.5 millones de pesos por irregularidades graves.
Cárcel: Penas de 1 a 10 años de prisión para quienes participen en el acaparamiento, perforación ilegal de pozos o especulación con el recurso nacional.
”Hoy dejamos atrás la era de la incertidumbre para entrar de lleno a la era de la justicia hídrica“, sentenció la mandataria, reiterando que el agua ha dejado de ser una mercancía para ser reconocida plenamente como un derecho humano.
