Tacha México de ‘sesgado’ informe de la ONU sobre desapariciones
Redacción
El Gobierno de México rechazó de manera contundente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, al que calificó como “parcial, sesgado, tendencioso y sin rigor jurídico”. El documento del organismo internacional pide llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, lo que generó una respuesta inmediata de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
México acusa falta de rigor jurídico en el informe
En un comunicado conjunto, Gobernación y Cancillería señalaron que el comité amplió de manera indebida la definición de desaparición forzada, lo que —según el gobierno— demuestra una interpretación incorrecta y una falta de rigor jurídico. Las dependencias afirmaron que el CED ignoró información actualizada, avances institucionales y observaciones enviadas por México antes de la publicación del informe.
El gobierno también cuestionó que el comité haya utilizado criterios que, a su juicio, exceden los alcances de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que consideran una distorsión del marco legal aplicable.
¿Qué señala el informe de la ONU?
El CED justificó su decisión al señalar la existencia de indicios fundados de desapariciones forzadas en México y patrones graves documentados durante más de una década. El organismo destacó la magnitud del problema, incluyendo miles de fosas clandestinas, cuerpos recuperados y restos sin identificar en todo el país.
El comité también afirmó que, pese a los esfuerzos recientes, no observa una mejora sustancial en la situación y considera que la crisis requiere ser atendida en el máximo foro internacional.
México rechaza acusaciones y cuestiona imparcialidad
El Gobierno mexicano insistió en que no existe una política estatal de desapariciones forzadas, y que el mecanismo activado por el CED —bajo el artículo 34 de la Convención— está diseñado para países donde el Estado comete desapariciones de manera sistemática, algo que México niega categóricamente.
Además, las autoridades señalaron posibles conflictos de interés entre integrantes del comité, argumentando que algunos habrían colaborado con organizaciones que mantienen quejas activas contra el Estado mexicano.
El comunicado también subraya que el propio informe reconoce que no hay evidencia de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que —según México— contradice la narrativa general del documento.
Un debate que escala a nivel internacional
La decisión del CED de solicitar que la Asamblea General examine la situación de México es considerada excepcional y coloca el tema en el centro del debate internacional. Mientras tanto, organizaciones civiles han criticado la postura del gobierno, señalando que la crisis de desapariciones —que supera las 100,000 personas registradas— requiere mayor apertura y cooperación con organismos internacionales.
