Argentina cerrará la puerta a extranjeros que inciten al odio
El gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso y expulsar a quienes promuevan violencia contra el país.
El presidente de Argentina, Javier Milei, endureció la política migratoria al modificar por decreto la Ley de Migraciones, con el propósito de negar el ingreso y cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra el país y sus habitantes.
La reforma, publicada en el Boletín Oficial, entró en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser revisada posteriormente por el Congreso argentino para determinar si mantiene su validez.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026
De acuerdo con el nuevo marco legal, las autoridades podrán impedir el ingreso o expulsar del territorio nacional a personas que hayan emitido expresiones orales o escritas que fomenten el odio hacia Argentina o hacia ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad.
La disposición también contempla sanciones para quienes participen en actos considerados como ultraje a los símbolos patrios o promuevan este tipo de conductas.
El gobierno justificó la medida al señalar que busca responder a recientes manifestaciones de hostilidad contra el país. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, sostuvo que “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
En caso de que se determine la cancelación de la residencia de un extranjero, la normativa establece que la persona deberá abandonar el país dentro del plazo fijado por las autoridades o, en su defecto, será expulsada, considerando las circunstancias particulares de cada caso.
El decreto precisa que estas disposiciones no podrán aplicarse contra expresiones de crítica política, académica, ciudadana o ideológica que estén protegidas por la Constitución argentina, con el fin de preservar el derecho a la libertad de expresión.
La decisión se produce días después de que Milei denunciara una supuesta campaña internacional contra Argentina, la cual atribuyó, sin presentar pruebas, a los gobiernos de Brasil y México, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, en medio de publicaciones difundidas en redes sociales durante el Mundial de futbol.
