INEGI: Violencia e inseguridad obligan a miles de familias a desplazarse
La crisis de seguridad que atraviesa diversas regiones del país ha dejado una huella profunda en el tejido social.
De acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de su ejercicio demográfico, al menos 1.6 millones de personas (integrantes de unos 510 mil hogares) se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia habitual entre octubre de 2020 y octubre de 2025 debido a la violencia y la inseguridad.
Esta es la primera ocasión en que un ejercicio estadístico de esta magnitud a nivel nacional incorpora de manera específica la medición del desplazamiento forzado interno, evidenciando una problemática que durante años se documentó de forma fragmentada.
Chiapas, Michoacán y Guerrero entre los más afectados
Los datos del instituto detallan que el fenómeno no afecta de manera homogénea al territorio nacional, concentrándose fuertemente en municipios con presencia de conflictos armados y disputas entre grupos del crimen organizado.
Entidades como Chiapas y Michoacán figuran entre las más golpeadas por esta crisis humanitaria. En regiones específicas —como Chicomuselo, en Chiapas, o municipios michoacanos como Tumbiscatío, Tepalcatepec y Aguililla— porcentajes significativos de la población local han tenido que huir para salvaguardar sus vidas, abandonando patrimonios, tierras y actividades productivas.
Por su parte, estados como Guerrero también registran altas tasas de movilidad forzada, impulsada tanto por la violencia del narcotráfico como por el impacto acumulado de fenómenos naturales y huracanes recientes.
Un desafío para las políticas públicas
La magnitud de estas cifras ha encendido las alertas en diversos sectores sociales y gubernamentales.
Especialistas en derechos humanos señalan que el desplazamiento interno no solo representa una crisis de seguridad pública, sino una emergencia humanitaria que demanda atención integral urgente para garantizar refugio, alimentación y seguridad a las familias afectadas.
Con estos datos oficiales sobre la mesa, el reto para las autoridades de los tres órdenes de gobierno radica en replanificar las estrategias de pacificación territorial y asistencia a víctimas, reconociendo oficialmente el tamaño de un éxodo que silenciosamente ha transformado el mapa demográfico de México.
