Cárcel en Veracruz por obligar a menores a vivir en pareja
Veracruz.- El Congreso de Veracruz aprobó reformas al Código Penal del estado para castigar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años. La nueva disposición legal establece sanciones de ocho a 15 años de prisión, además de multas que van de 2 mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes incurran en este delito.
La legislación sanciona a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad para sostener una unión informal o consuetudinaria equiparable a un matrimonio. La medida aplica sin importar si existe o no un vínculo matrimonial reconocido por la ley.
🛎️ Por unanimidad, el Congreso de Veracruz aprobó reformas al Código Penal del Estado por las que se tipifican la rapiña y la cohabitación forzada, y se incorporó el envenenamiento animal al catálogo de agravantes de maltrato o crueldad.
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— Congreso de Veracruz (@legisver) October 8, 2026
Cobertura para uniones informales y comunitarias
La iniciativa, impulsada por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo y dictaminada por las comisiones unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, cierra vacíos legales en la entidad. La protección penal no se limita a matrimonios formalizados ante el Registro Civil, sino que abarca convivencias constantes de carácter matrimonial impuestas en comunidades o entornos familiares.
El delito se configura con o sin el consentimiento de la víctima menor de edad, ya que la ley prioriza la protección integral de la infancia. Asimismo, la sanción aplica independientemente de si la unión se establece con otro menor o con una persona adulta.
Protección al desarrollo libre de la infancia
Las comisiones dictaminadoras enfatizaron que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la salud, la educación, la libertad y el desarrollo integral. Con esta reforma, la conducta quedó integrada en el apartado del Código Penal enfocado en resguardar el libre y sano desarrollo de la personalidad.
La medida alinea a Veracruz con compromisos internacionales y con la Agenda 2030 para la erradicación de prácticas nocivas contra niñas, niños y adolescentes. Con esta herramienta penal, las autoridades estatales contarán con bases jurídicas para investigar y sancionar la cohabitación infantil forzada en cualquier modalidad.








