Silvino Vergara Nava
06/20/2020 , 8:30 am

A 18 años de la derogación del “Usted disculpe” en México

«El papel primordial del Estado es imponer

el orden; si falla a la hora de cumplir

con ese cometido, se convierte

en un “Estado fallido”»

Zygmunt Bauman

 

Este 14 de junio de 2020 se cumplen 18 años de la reforma constitucional que, prácticamente, derogó en el país el denominado “usted disculpe”; el cual consiste en toda una serie de acciones que lleva a cabo, en particular, la administración pública ante los gobernados con la que les  genera daños y perjuicios, como es el caso de embargar bienes a quien no corresponde, la operación quirúrgica errónea, la detención equivocada de las personas, la demolición de la construcción que no correspondía, etc.

Todos esos daños y perjuicios, tantas consecuencias nefastas para la población que el Estado causa con sus acciones rutinarias y funciones burocráticas y, a veces, torpes, pueden ser indemnizables al afectado; ya que el 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario oficial de la federación la reforma constitucional al artículo 113°, en su último párrafo, que determina la posibilidad de exigir indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por errores administrativos.

Ese cambio constitucional en México ha sido fundamental, pues permite a los gobernados, vía reclamación, exigir la reparación de esos daños y perjuicios. Por lo cual, se implementó la ley respectiva que entró en vigor el 1 de enero de 2005. Tal cambio indicaba que los Estados debían crear sus propias leyes en la materia, respecto de lo que Puebla aún no ha hecho, desafortunadamente, nada.

Desgraciadamente, esa medida de responsabilidad patrimonial del Estado se ha quedado corta, debido a que en esa reforma constitucional hizo falta considerar el error judicial que consiste en aquellas resoluciones y sentencias de los tribunales que quedaron firmes y causan daños y perjuicios a los gobernados por ser dictadas erróneamente. No obstante, al respecto de esta debida indemnización por el error judicial, pese a que no está incluida en la Constitución, sí está prevista en el numeral 10 del denominado Pacto de San José, del que México es parte. Por ende, existe la remota posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado, a pesar de que no hay un procedimiento previsto en una ley para exigirlo.

Al respecto de este derecho de reclamar los daños y perjuicios por los errores administrativos que comete el Estado, con la reforma del 27 de mayo de 2015, se reubicó en la propia Constitución esta determinación, y pasó del artículo 113° al 109°, con la misma redacción. Por ende, sigue vigente ese derecho que tienen los particulares de hacer estos reclamos. Con todo, desafortunadamente, después de 18 años que se ha implementado este derecho de los gobernados, poco se ha ejercido. Una de las razones, desde luego, no es porque ya no existan más errores por parte del Estado, sino que se debe a la cultura que hemos tenido en México de ser humillados y permitirlo; incluso desde los tiempos pre-hispánicos, ya que los pueblos aledaños a los aztecas eran humillados por estos, posteriormente, esa humillación siguió con los españoles (por 300 años aproximadamente) y, finalmente, en los tiempos independientes del país, la población también ha sido humillada por sus gobiernos en muchas facetas de esta historia. Por ello, “culturalmente” —si se pudiera sostener de esa forma—, los ciudadanos poco han reclamado de sus gobiernos. Por lo mismo, esta serie de figuras que permiten reclamar son poco ejercidas; muchas de las ocasiones, porque se desconocen y, otras más, por el temor que hay de que el Estad se voltee a ese ciudadano y caigan todas las repercusiones que pudieran imputársele.

Así es como esa tradición de la humillación tan arraigada (a la que Octavio Paz denominaba la de los “agachados”), en cada uno de los miembros de la población ha provocado que sea poco habitual exigir esa reforma constitucional. Aun así, una forma de mejorar las funciones del Estado es por esa vía, pues —como es de todos conocido— muchas veces los cargos de mayor importancia y jerarquía no corresponden a los servidores públicos que vienen desde abajo forjándose y conociendo la función administrativa, sino que, desafortunadamente, son impuestos a quienes poco saben ni, menos aún, pueden tomar las mejores decisiones. Precisamente, esa falta de legitimidad en muchos de los cargos públicos de este país impide y, poco a poco, acaba con esa serie de reclamos, que, finalmente, lo que harían es beneficiar la eficiencia de las funciones de la administración pública.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *