Al menos 10 mil expedientes serán trasladados tras el cierre de Conciliación y Arbitraje número 33

Puebla, Pue.— El cierre de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 33, con sede en Puebla, generó inconformidades ante las consecuencias adversas que traerá para empleados, abogados, litigantes y sus respectivos clientes.

A través de una entrevista realizada a Evelyn Flores Olmos, abogada que resultó ser afectada por el decreto emitido este 17 de junio, se tomó conocimiento de que más de 10 mil casos serán trasladados a los estados de Tlaxcala y de Oaxaca.

La manera en la que se dividirán, será así: los casos que estén en fase de instrucción serán llevados a la Junta Especial número 46, en Tlaxcala, y dichos expedientes son aquellos en los que aún se están desahogando pruebas y girando oficios, mientras que aquellos que estén en fase de ejecución, serán turnados a la Junta Especial número 32, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la abogada, esto supone un enorme problema para los ciudadanos que se encuentran involucrados en diversos casos laborales, pues el hecho de que sus expedientes sean movidos a las mencionadas entidades, les supondría un costo extra por conceptos de traslado y viáticos tanto para ellos como para sus abogados, y lamentablemente, muchos de ellos no cuentan con los recursos para costear esos cargos extra.

Ante ello, Flores Olmos indicó que se encuentran luchando para que, dadas las circunstancias, el daño sea el menor para los afectados, al tratar de que todos los expedientes sean llevados al estado de Tlaxcala, que se traduciría en costos y tiempos menores.