Al menos mil 500 carpetas de ciberdelitos en Puebla buscan justicia tras nueva ley

Durante 2024 y lo que va de 2025, se registraron un acumulado de mil 500 carpetas de investigación derivadas de denuncias por ciberdelitos. Sin embargo, no pudieron ser judicializadas debido a que hasta el pasado 14 de junio no existía en Puebla una legislación específica en la materia.

Así lo informó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, al defender la reforma de ley que está vigente desde el sábado anterior y que, entre otras cosas, busca colocar a Puebla a la vanguardia en la regulación del ciberespacio.

El funcionario desmintió que la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se haya pronunciado en contra de la nueva ley en Puebla, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y también descartó que la reforma vaya a impedir que los servidores públicos sean llamados a cuentas.

“En 2024 y lo que llevamos de 2025 hay mil 500 carpetas de investigación por ciberdelitos, y antes de esta ley no se pudo judicializar ninguna por estos delitos, porque no estaban tipificados ni considerados en la ley. Solamente se judicializaron dos, pero por otros delitos, no por el delito principal cometido a través de tecnologías de información y de internet.”

Acusó que se ha querido construir una falsa narrativa sobre la ley contra el ciberasedio, como que ahora se impedirá exhibir en redes sociales a deudores alimentarios, una forma de presión cada vez más común por parte de los afectados para obtener justicia.

“Otro tema totalmente falso es que con esta ley las mujeres que reclaman pensión alimenticia quedan en indefensión, porque supuestamente ya no podrán solicitar el pago a través de redes sociales, pues eso sería delito. Eso es falso.”

El coordinador reiteró que el polémico artículo 480 busca evitar que se violente o agravie insistentemente a una persona, mujer o menor de edad, para causarle algún daño. Señaló que es necesario que las leyes se adapten a los avances tecnológicos para garantizar la impartición de justicia.