18 años después


10/09/2019 22:34

Dr. Silvino Vergara Nava

“La sociedad del riesgo es una sociedad revolucionaria

en la que ya no es posible distinguir nítidamente

entre lo normal y el estado de excepción”.

 

Ulrich Beck

 

En esta semana se cumplen 18 años de aquel 11 de septiembre de 2001, cuando se vivió uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea del mundo occidental, a saber, el ataque terrorista a diversos sitios en Estados Unidos de América, sobre todo, a lugares emblemáticos del sistema norteamericano: el pentágono y las torres gemelas, que representa y representaron, respectivamente, el poder militar y económico del país más poderoso del mundo, el que tiene como visión el Estado liberal, aquel en donde se respetan y garantizan los derechos humanos, en particular, los derechos de libertad y de propiedad. Por ello, esa fecha dio un giro al mundo y a toda la humanidad, un cambio de 180 grados que ha conducido a la realidad en la que hoy vivimos.

Ese cambio de hace 18 años es la causa de una serie de transformaciones globales, al grado de que ha provocado que esa visión del Estado liberal se haya mutado en un sistema que, hoy por hoy, vigila a las personas para proteger su integridad. Por ende, es un sistema que ha olvidado los derechos de libertad, pues estos no pueden ser plenos si se resguarda la integridad de las personas, lo cual se traduce en el establecimiento de una serie de permisiones, facultades y atribuciones que restringen los propios derechos de libertad. Ahora bien, asombrosamente, esto es algo que se da con el consentimiento de las personas, pues los ciudadanos, con el temor en que viven después de esos eventos de hace 18 años, desde luego, ven con buenos ojos toda la serie de intromisiones que hace el gobierno y sus instituciones para resguardar la integridad de las personas.

La vigilancia extrema, las revisiones, verificaciones, inspecciones, la fiscalización, etc., todas esas acciones, que son realizadas por la autoridad y por empresas que son autorizadas para ello, son increíblemente auspiciadas por los propios ciudadanos, es decir, ya son consentidas debido a este mundo del alto riesgo en que se vive, precisamente en esta “sociedad del riesgo”, como la nombró el sociólogo alemán Ulrich Beck.

Desde luego que eso provocó un cambio en los sistemas jurídicos. Así, en lugar de apelar y proteger los derechos a la libertad o, en su caso, los derechos de igualdad (que se traducen en los derechos sociales, como son el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, etc.), lo que está sucediendo es que se le dio otra tarea al Estado: resguardar la integridad de las personas. Con ello, se modificó el derecho y se dejó de hablar del derecho civil y mercantil, de derecho de la familia, de derecho de seguridad social, y el eje central del derecho ya es aquel que regula las sanciones, diversificándose a tal punto que se ha maximizado el uso del derecho penal.

El resultado de estos sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de América, donde los datos oficiales sostienen que murieron 3016 personas, los atentados del 11 de marzo de 2004 en el tren de Atocha, en la ciudad de Madrid, cuyos datos oficiales sostienen que murieron 193 personas, y el atentado del 7 de julio de 2005 en el metro de Londres, en el oficialmente murieron 54 personas (desde luego, sin contar en cada uno de estos sucesos los desaparecidos), todos ellos agudizaron sustancialmente los cambios en el derecho, en particular en el derecho penal, ya que hoy contamos con un derecho penal para los grandes criminales, al que se le ha denominado “derecho penal del enemigo”; un derecho que se caracteriza porque las sanciones son excesivas y los derechos de los procesados son mínimos, debido a que el objetivo de este derecho es inocuizarlos, es decir, aislarlos de la sociedad.

Por su parte, contamos también con un derecho penal denominado “del ciudadano”, en donde se castiga a las personas como simples ciudadanos que han cometido un delito, y cuyas sanciones deben ser proporcionales al delito, así como que los derechos de los procesados deben ser amplios; esto con la finalidad de re-incorporarlos a la sociedad. Finalmente, en la escala menos ofensiva, contamos con el derecho administrativo sancionador, cuya ejecución le corresponde a la administración pública; lo cual hace que las sanciones administrativas sean las menos lesivas y, por lo mismo, que los derechos procesales sean mínimos (debido a que las penas son leves). Pues bien, hace 18 años el mundo cambio. Hoy vivimos en un mundo más vigilado, más inspeccionado, con menos libertades y agudizadas las desigualdades. Después de todos esos sucesos, no se volvió a vivir igual.

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