A 30 años (Parte IV)


18/11/2019 16:33

“El mundo que creo el neoliberalismo en 1989 con la
caída del muro de Berlín termino con la primera
fase de la crisis financiera (2008-2011) y todavía no se ha
definido el nuevo mundo que le tomará el relevo”

Boaventura de Sousa Santos

La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 representó, más que cambios, una revolución que traspasó Europa y llegó a muchos de los rincones del mundo, es decir, una revolución en la humanidad; abarcó muchos de los ámbitos de la humanidad, entre ellos, el derecho. De acuerdo a la reseña que acompaña este escrito, efectivamente, la humanidad se encuentra en un proceso de transición, uno que los romanos denominaban el “interregno”, tiempo que se sucedía entre la caída de un emperador y el nombramiento del nuevo, tiempo en el que se desconocía el rumbo que se iba a tomar.

Guardadas las proporciones, la propia academia sostiene que esto es lo que está sucediendo en la actualidad; es el tiempo del interregno. Con la caída del Muro de Berlín, se ha llegado a un tiempo de transición de la humanidad, el cual también ha afectado al derecho. Previamente, se había sostenido que la ausencia de izquierdas y derechas fomentaron la propuesta de la efectividad de los derechos humanos en las naciones; razón por la que el Estado debe respetar y garantizar los mismos. Sin embargo, esto no es todo, paradójicamente, pretendiendo proteger los derechos humanos, también ha surgido un derecho desigual, es decir, sistemas jurídicos que han establecido una serie de regulaciones que permiten darles un trato diferenciado a las personas. Por ello, no a todos se les aplica la misma ley, y esto, desde luego, provoca mayores desigualdades. Si se establecen leyes para una cosa y leyes para otra, esto implica un tratamiento diferente, del propio Estado, para los propios miembros de la población.

Pero ¿cómo se logra esta distinción en el propio sistema jurídico pos-moderno sustentado en derechos humanos, en un principio de progresividad?, ¿cómo en tantos tratados internacionales de derechos humanos, en los organismos internacionales que procuran sobre esos derechos fundamentales? Pareciera que el tratamiento es el mismo que hubo en los tiempos de la colonia (se está dando una involución), cuando se juzgaba y se castigaba de acuerdo a la ubicación de la persona en el estrato social. Por ello, había castas, con la consecuencia de que se causaban diferencias abismales entre la misma población. Hoy pareciera que regresamos a ese sistema de castas y el derecho se ha encargado de hacerlo de esa forma. Posiblemente, ya no sobre la distinción exclusiva de las razas, pero sí existe aún esa distinción entre las personas en el propio sistema jurídico, para eso hay que buscar otras razones.

Tales razones han provocado una distinción en el sistema jurídico, en particular dentro del derecho que versa sobre las sanciones. Ahora contamos con un derecho administrativo sancionador, al que le corresponde seguir las infracciones y las sanciones cometidas contra la administración pública. Por su parte, contamos con un derecho penal en los países occidentales (principalmente, Estados Unidos de América y Alemania) dividido en dos: un derecho penal para los ciudadanos que cometen un delito, cuyos castigos son proporcionales atendiendo al objetivo reinsertar en la sociedad a esa persona; y otro derecho penal, que se aplica a aquellos delincuentes que no pueden tener reinserción, que forjan un “peligrosismo” en la sociedad y para los que, por ello, es necesario aplicar sanciones excesivas, procesos casi sin pruebas en su contra, con una presunción de inocencia inversa, en donde el procesado es quien debe probar su inocencia y no el que acusa; un derecho penal (que aparece de nuevo) visto en los regímenes fascistas, en donde se castiga por lo que se “es” y no por lo que se hace; el derecho penal del autor y no del acto.

Los casos de Guantánamo en Cuba, las prisiones de Egipto y Afganistán son ejemplos de ese derecho penal que ha cundido en todas las naciones, sobre todo en América Latina, y el cual, en Alemania, se denomina derecho penal del enemigo; uno donde se asume que el procesado es un enemigo del Estado y que, por ello, hay que tratarlo como tal y no como ciudadano. Entonces, contamos con un sistema jurídico que no considera la igualdad del ciudadano, que implementa legislaciones tales como las leyes especiales en materia penal, a saber: contra el secuestro, contra la desaparición forzada y otras más complementarias, como las leyes de extinción de dominio. Por ello es que, después de ese suceso del 9 de noviembre de 1989, actualmente estamos ante la presencia de un derecho similar al del Medioevo, dentro de éste “interregno”.

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