El antiguo acuerdo de cada quien a lo suyo


16/10/2019 20:19

Muchos estudiosos han sostenido la hipótesis de que a partir del desarrollo estabilizador (1950’s y los años siguientes), el Estado mexicano sostuvo un principio fundamental: separar las decisiones económicas de las políticas. Así, el sector privado tenía estrecha interlocución con el gobierno, y especialmente con el presidente de la República, para diseñar y tomar medidas conjuntamente sobre la política económica. Este nivel de cercanía tenía una condición: el gobierno sería el único responsable de la gobernanza, de lo político, y el sector privado no emitiría una opinión al respecto. Si había actos de represión, como a fines de los cincuentas contra maestros, ferrocarrileros y médicos, y años después en 1968, el sector privado no chistaba. Cada quien a lo suyo. Era un acuerdo tácito.

Esa situación se rompió con la expropiación de la banca en 1982, cuando se violentó gravemente la Constitución y los derechos de propiedad. Fue hasta entonces que los representantes del sector privado, Manuel Clouthier y José María Basagoiti, reclamaron a Miguel de la Madrid la participación de otros ciudadanos en la política. El presidente los mandó a los partidos y a partir de entonces, con la apertura del PAN al gremio empresarial mediano, muchos empresarios se volvieron políticos, casi siempre “de temporal” según palabras de Juan José Rodríguez Pratts.

Haberse mantenido al margen de la vida pública por años le costó enormemente al país. La crisis de gobernanza, la lentitud para alcanzar una democracia apenas incipiente, y los decenios que tomó lograr que decisiones tan graves, como la expropiación de la banca, no fueran tomadas por una sola persona sin ningún contrapeso institucional. Afortunadamente, en los últimos decenios muchos líderes empresariales y profesionales ya no se han quedado al margen, y muchos otros grupos de la sociedad se han organizado para tener una voz y una incidencia en las decisiones trascendentales en el país. Se había logrado, en buena medida, que no fuera una sola persona quien decidiera TODO en México.

Esto está cambiando muy rápidamente. El avasallamiento del poder del estado en este gobierno a favor del Ejecutivo, la serie de cambios constitucionales, legales y reglamentarios para concentrar el poder en una sola persona sin contrapesos, y la serie de cambios que han mermado nuestros derechos ciudadanos nos están regresando lastimosamente al pasado. Y para ello el presidente López Obrador está haciendo exactamente lo que hacía el PRI, su partido, en aquellos años: que las decisiones económicas se platican con el sector privado (con aquellos líderes que están dispuestos a “llevar la fiesta en paz”), en algunos casos se ponen de acuerdo y en otros simplemente no son escuchados, como el caso de la ley “contra las factureras” que coloca a los contribuyentes, buenos y malos, como miembros potenciales del crimen organizado. El secretario de Hacienda y la Oficina de la Presidencia, encargadas de “atender” al sector privado, sólo se ocupan de preocupaciones de índole económica. “Nosotros no atendemos asuntos electorales ni políticos”, contestan los altos funcionarios cuando se les inquiere sobre un tema de interés público general. Y casi casi dicen “… a mí no me pregunten. Yo no tengo nada que ver. Eso se trata en otra oficina”.

Y el problema es que, por lo que puedo observar, esos líderes empresariales y de otros grupos de alta representatividad no se atreven a ir a las otras oficinas, las que “atienden” asuntos políticos, para plantear sus preocupaciones. Aceptan, en los hechos, la regla del gobierno retomada de la época del PRI: “con ustedes, sólo estamos dispuestos a tocar temas económicos, y digan que les fue bien”.

Aceptar estas reglas de interlocución no nos llevarán a nada bueno, como ya ocurrió en el pasado. Que líderes empresariales no tengan derecho a decir nada sobre la vida pública de México es mutilarlos, es enmudecer a una parte fundamental de la sociedad, en cuyas manos están decisiones económicas que afectan a miles y miles de mexicanos. Las empresas que representan o dirigen están formadas por millones de personas cuya libertad, prosperidad y capacidad de elegir a sus gobernantes son, de alguna manera, también su responsabilidad. Don Lorenzo Servitje habló e hizo mucho sobre la “responsabilidad social” de la empresa. En nuestros días, me parece que es indispensable ampliar la visión de Don Lorenzo a la “responsabilidad de la empresa en lo público”. Los líderes empresariales y profesionales no deben permitir las reglas de interlocución establecidas por el gobierno en la más rancia tradición autoritaria. Sale demasiado caro.

 

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@EcardenasPuebla

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