CPI acusa a Putin de crímenes de guerra por deportación de niños ucranianos a Rusia

La Corte Penal Internacional (CPI) ha acusado al presidente ruso Vladimir Putin de ser responsable de crímenes de guerra que incluyen la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El tribunal informó que los delitos se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala del país de Europa del Este.

La CPI ha acusado a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y de tener motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, así como de trabajar con otras personas en este delito. El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros responsables de la deportación de menores.

Además, la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, también es buscada por la CPI en relación con estos crímenes. Sin embargo, dado que Rusia no es signataria del acuerdo que estableció la corte, es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.

La CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte. En respuesta a la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que “no tiene ningún significado” y que las decisiones de la CPI no tienen ningún valor legal para su país.

Este anuncio es un desarrollo extraordinario en la invasión rusa de Ucrania, y de los supuestos crímenes de guerra, muchos bien documentados, cometidos por las fuerzas rusas, la CPI ha elegido centrarse en el aparente secuestro forzado de niños ucranianos que son trasladados a Rusia. Los pedidos de arresto son una respuesta al supuesto crimen de guerra de transferir ilegalmente a Rusia a niños ucranianos que se encuentran en zonas de Ucrania ocupadas por Moscú.

Según la CPI, la orden de arresto iba a ser secreta para proteger a víctimas y testigos, pero dijo que era en interés de la justicia hacerla pública para poder prevenir nuevos secuestros. Aunque la orden de arresto es simbólica, envía un mensaje claro de que la CPI está dispuesta a tomar medidas enérgicas contra los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluso si eso significa enfrentarse a líderes de estados soberanos.