Detectan 210 tomas clandestinas de gas LP en Puebla
Rafa Murillo
En Puebla, existe una zona conocida como el Triángulo Rojo, que abarca varios municipios donde las tomas clandestinas de gas LP siguen siendo un problema frecuente. La más reciente fue detectada en Los Reyes de Juárez, pero en lo que va del año las autoridades han identificado un total de 210 casos en todo el estado.
Para combatir este delito, las fuerzas de seguridad emplean dos métodos principales. El primero es a pie y en patrullas, en operativos coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los militares realizan reconocimientos terrestres, tanto a pie como en vehículos, para detectar posibles tomas clandestinas. Buscan indicios como excavaciones, anomalías en el suelo o cualquier señal que indique una actividad ilícita, y en cuanto detectan algo sospechoso, verifican la situación.
El segundo método es vía satelital. Cuando Pemex detecta alguna irregularidad en los ductos, emite una alerta con las coordenadas exactas, que son enviadas a las Fuerzas Armadas. Si se identifica una derivación o manipulación en el ducto, se activa el protocolo para acudir al lugar, verificar la toma y actuar rápidamente.
El ducto que atraviesa esta región de Puebla se llama Cactus-Guadalajara, transporta gas LP y tiene una extensión de 150 kilómetros. Los delincuentes aprovechan que esta zona es rural y cercana a autopistas, lo que les permite actuar con rapidez y escapar en cuestión de minutos. Para las autoridades, detectar y controlar estas tomas puede tomar entre 6 y 8 horas, desde el momento en que se recibe la alerta hasta que logran cerrar el ducto y detener la fuga.
En los últimos seis meses, más de 200 tomas ilegales han sido detectadas en Puebla. Además, del 1 al 5 de julio se logró recuperar 37,600 litros de hidrocarburo robado durante los operativos interinstitucionales, que realizan recorridos constantes para detectar el robo de hidrocarburo, el cual es transportado en pipas a diferentes zonas del estado de manera ilegal. Todo esto representa un riesgo real para la seguridad de las comunidades y en las carreteras.
La colaboración entre las autoridades y la población es fundamental para seguir enfrentando este desafío.
