El caso Menéndez y la política de la justicia en California
La historia de los hermanos Menéndez es, en muchos sentidos, un espejo de las contradicciones del sistema judicial estadounidense. Treinta y seis años después de haber asesinado a sus padres en Beverly Hills, Erik Menéndez volvió a sentarse —esta vez frente a una cámara en la prisión de San Diego— para solicitar su libertad condicional. El resultado fue negativo. La Junta de Libertad Condicional de California rechazó su petición, argumentando que el recluso aún representa un “riesgo moderado” para la sociedad y que su conducta dentro de la cárcel dista mucho de ser ejemplar.
El jueves, el comisionado Robert Barton fue tajante: “Contrariamente a lo que creen sus partidarios, usted no ha sido un preso modelo”. Enumeró faltas disciplinarias que incluyen peleas, posesión de drogas, un teléfono celular, fraude fiscal e incluso la fabricación de vino casero dentro de la celda. Los defensores de Erik alegan que muchas de estas infracciones ocurrieron bajo condiciones de violencia y amenazas de pandillas, pero el panel no se dejó convencer.
El caso Menéndez es recordado como uno de los “juicios del siglo” en los años noventa. En 1989, Lyle y Erik, de 21 y 18 años respectivamente, dispararon más de una decena de tiros contra sus padres, José y Kitty. La defensa sostuvo que se trataba de un acto desesperado luego de años de abusos sexuales y psicológicos perpetrados por el padre, mientras que la fiscalía los retrató como jóvenes privilegiados y codiciosos que asesinaron para heredar. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional en 1996.
Con el paso de los años, nuevas pruebas —incluido el testimonio del exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, quien acusó a José Menéndez de abuso sexual— y cambios en la legislación californiana han reabierto el debate. En mayo pasado, un juez modificó su condena: ahora enfrentan una pena de 50 años a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional.
La audiencia de este jueves fue un ejercicio de memoria y penitencia. Erik, de 54 años, se mostró conmovido al recordar el momento en que disparó contra su madre.
“Solo quiero que mi familia entienda que lamento profundamente lo que les he hecho pasar”, declaró.
Una de las intervenciones más emotivas provino de Teresita Menéndez-Baralt, tía de los hermanos, quien padece cáncer terminal y dijo haberlos perdonado:
“Espero vivir lo suficiente como para darle la bienvenida a mi casa, sentarme a la misma mesa y abrazarlo”.
Pese a estos gestos, la junta decidió que Erik deberá esperar tres años para volver a solicitar la libertad condicional, aunque existe la posibilidad de apelar o adelantar la fecha. Mientras tanto, su hermano Lyle tendrá su propia audiencia en las próximas horas.
El futuro de ambos podría depender de la política. El gobernador Gavin Newsom evalúa una solicitud de indulto. Con aspiraciones presidenciales para 2028, cualquier decisión que tome será leída en clave electoral. Perdonar a dos parricidas, aunque se alegue rehabilitación, sería un riesgo político considerable.
El caso Menéndez, con su mezcla de tragedia familiar, abuso, privilegio y espectáculo mediático, vuelve a recordarnos que la justicia no se imparte en el vacío: está atravesada por emociones, presiones sociales y cálculos de poder.
