Redacción
En un país donde la palabra corrupción se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano, cualquier esfuerzo serio por combatirla merece atención. No porque baste un convenio para erradicar un problema estructural, sino porque la solución, si existe, pasa necesariamente por la formación de personas con valores. En ese contexto se inscribe el acuerdo firmado entre la BUAP y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.
La Rectora Lilia Cedillo fue clara al exponer el sentido de esta alianza: la universidad no sólo debe formar profesionistas competentes, sino buenos ciudadanos. Jóvenes éticos, solidarios y comprometidos con su entorno. Dicho de otra manera, el conocimiento técnico sin una brújula moral resulta insuficiente para transformar la realidad, y quizá ahí esté una de las claves del problema público en México.
La BUAP, como institución pública, se debe a la sociedad que la financia. Reconocerlo no es retórico; implica asumir responsabilidades concretas. La firma de este convenio apunta en esa dirección: tender puentes entre la academia y el servicio público, y abrir espacios para que los estudiantes conozcan, desde dentro, cómo se toman las decisiones gubernamentales.
Desde el gobierno estatal, Alejandro Espidio Reyes puso el acento en un punto relevante: la necesidad de renovar cuadros en áreas estratégicas. El relevo generacional no puede ser sólo de edad; debe ser de valores. Incorporar jóvenes formados en la universidad pública, con una visión ética del poder, es una apuesta de largo plazo.
La abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, añadió una dimensión fundamental: integridad institucional, justicia social y desarrollo sostenible. Conceptos que suelen sonar abstractos, pero que cobran sentido cuando se vinculan con educación y responsabilidad social.
Este convenio no resolverá, por sí solo, el problema de la corrupción. Pero sí envía un mensaje importante: combatirla no empieza en los tribunales, sino en las aulas. Y eso, en los tiempos que corren, no es poca cosa.
