En un país donde la opacidad en los trámites notariales suele ser más común que la transparencia, el Congreso de Puebla decidió alzar la voz. Durante una sesión pública ordinaria, la diputada Floricel González Méndez presentó un exhorto que, aunque parezca menor, tiene implicaciones de fondo: se pide al Colegio de Notarios del Estado que supervise —y exija— que se respete el beneficio fiscal del 0% en el cobro del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) en operaciones menores a los montos establecidos por ley.
¿Por qué es relevante? Porque muchas y muchos ciudadanos, al adquirir propiedades de bajo valor, terminan pagando un impuesto que legalmente no deberían cubrir. En Puebla, el beneficio fiscal del 0% aplica para inmuebles cuyo valor no exceda los 500 mil pesos o, en algunos municipios, hasta 841 mil 200. Sin embargo, como denunció la legisladora, hay notarios que, por omisión o conveniencia, aplican tasas del 1.8% o hasta del 3%, pese a que no corresponde.
Este tipo de irregularidades, según González Méndez, no son anecdóticas. Derivan de recorridos territoriales y denuncias ciudadanas directas. Y es aquí donde entra el verdadero debate de fondo: ¿quién protege al ciudadano cuando la figura del notario, que debería ser garante legal, se convierte en barrera burocrática o fiscal?
El exhorto fue bien recibido por la Comisión de Desarrollo Económico y se turnó a la Comisión de Vivienda para su análisis. El objetivo es claro: evitar que, por desconocimiento o abuso, las personas de menores ingresos paguen un impuesto que no deben.
En paralelo, el Congreso también discutió reformas en materia de turismo, inclusión laboral y transparencia legislativa. Pero entre tantos puntos del orden del día, esta propuesta resalta porque toca un nervio sensible: la falta de información y la carga fiscal injusta.
El reto, como siempre, será que no quede en el papel.
