Grupos de control en San Miguel rentaban teléfonos celulares a otros reclusos, revela MBH
Los teléfonos celulares decomisados tras el operativo realizado en las primeras horas de este miércoles al interior del Cereso de San Miguel, serán sometidos a un análisis forense, a fin de obtener información, sobre las actividades de quienes los utilizaban.
Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, detalló que la autoridad, ubicó el lugar en donde reclusos, guardaban cosas introducidas ilegalmente, entre ellas, los aparatos telefónicos, los cuales, eran rentados a otros internos por días enteros y horas.
Señaló que esta práctica, se hizo común durante el tiempo en que al interior del penal, operaban grupos que mantenían el control de mismo, situación que quedó al descubierto tras el caso del bebé Tadeo, Grupos de control en San Miguel rentaban teléfonos celulares a otros reclusos, revela MBH y que se ha ido erradicando.
“Hasta el dato que yo tengo, si hubo un decomiso de al menos 300 celulares, y muchas otras cosas que se están embalando, se están viendo, se enviarán al Ministerio Público para que se abra la investigación, habrá un análisis forense de cada celular, habrá mucha información”.
El mandatario dijo que ya tenían datos de la presencia, al interior del penal, de objetos no permitidos y ello derivó en el operativo de este miércoles. Agregó, que este tipo de acciones continuarán, a fin de mantener el orden al interior del centro penitenciario.
Se informa que una vez concluido el operativo de revisión realizado esta mañana en el Centro Penitenciario Puebla, se informa de manera complementaria que fueron localizados lo siguientes artículos:
- Mil 50 teléfonos celulares
- 83 chips para teléfono celular
- Siete repetidores de wifi
- Una contadora de billetes
- 13 pilas para celulares
- 20 memorias usb
- Dos 2 bolsas de carcasas de celular
- Cinco bolsas de cables cargadores y audífonos inalámbricos
- Una bolsa de audífonos inalámbricos
- Una bolsa de pilas para recargar teléfonos
Con ello, esta dependencia avanza en el cumplimiento de la instrucción del titular del Ejecutivo de que las actividades dentro de este centro, sean apegadas a la legalidad.
