Redacción
La noticia revela una de esas contradicciones que incomodan: mientras Estados Unidos endurece su política contra el narcotráfico, los hijos de presuntos operadores de un cártel mexicano cursaban estudios en una institución deportiva de élite dentro de su territorio. El caso salió a la luz tras un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que documenta pagos y contratos realizados por la academia IMG Academy con personas sancionadas por vínculos con el crimen organizado.
Entre 2018 y 2022, la institución —ubicada en Bradenton, Florida— firmó acuerdos de matrícula con dos individuos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados. Durante ese periodo se realizaron múltiples transferencias bancarias y pagos con tarjeta para cubrir colegiaturas que oscilaron entre decenas de miles y más de 100 mil dólares anuales por alumno, incluyendo hospedaje y gastos adicionales.
El reporte señala que la academia incurrió en 89 posibles violaciones de sanciones económicas al mantener relaciones contractuales con personas restringidas. Como resultado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso una multa de 1.7 millones de dólares. Aunque la autoridad clasificó las infracciones como “no graves”, subrayó la falta de controles internos y la omisión de verificaciones básicas que habrían permitido detectar las coincidencias con la lista de sancionados.
El episodio pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las instituciones privadas realmente cumplen con las reglas cuando hay grandes sumas de dinero involucradas? La academia aseguró haber implementado medidas correctivas, incluido un programa de cumplimiento más estricto tras un cambio de propiedad en 2023.
Más allá del caso específico, el mensaje político es claro: la lucha contra el narcotráfico no solo se libra en la frontera o en las calles, sino también en los circuitos financieros y educativos donde circula el dinero.
