IBERO alerta riesgo a libertad de expresión por nueva ley
La propuesta federal para regular los derechos de las audiencias ha generado preocupación entre integrantes del gremio periodístico, principalmente por las facultades que podría tener la autoridad para sancionar a medios de comunicación y por los criterios que se utilizarían para determinar si una información es veraz.
Ante el debate que ha provocado la iniciativa, la IBERO Puebla realizó un análisis sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión y las obligaciones que tendrían los medios de comunicación.
El estudio fue elaborado por el Departamento de Proyectos Académicos y el Observatorio Con los Ojos Abiertos, quienes identificaron como uno de los principales puntos de preocupación la obligación de los medios de difundir información veraz, así como el alcance de las atribuciones de las autoridades para intervenir o sancionar ante posibles incumplimientos.
La propuesta contempla criterios para diferenciar entre información noticiosa, opinión y publicidad, además de establecer obligaciones vinculadas con la debida diligencia que deben aplicar los medios durante la elaboración y difusión de contenidos.
Al respecto, la maestra Shanik David George señaló que quienes ejercen labores de comunicación reconocen la responsabilidad de proporcionar información veraz a las audiencias; sin embargo, advirtió que existen situaciones en las que puede difundirse un dato incorrecto sin que necesariamente exista una intención de engañar.
Explicó que una fuente puede proporcionar información equivocada o incluso un documento oficial puede contener datos erróneos, por lo que consideró necesario diferenciar entre un error periodístico y la difusión deliberada de información falsa.
En este sentido, destacó la relevancia del concepto de “real malicia”, utilizado para establecer un límite cuando una persona difunde información sabiendo que es falsa o actuando con conocimiento de su posible falsedad.
No obstante, advirtió que uno de los principales retos consiste precisamente en determinar cuándo existe una intención deliberada de engañar, ya que establecer ese elemento podría generar dificultades y abrir la puerta a interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico.
