La ofensiva de Washington contra Maduro: 700 millones incautados
En el tablero de la política internacional, hay movimientos que no se explican solo por la letra fría de la ley, sino por la obstinación del poder en doblegar a su enemigo. Esta semana, Estados Unidos dio una nueva estocada al régimen de Nicolás Maduro: la fiscal general, Pam Bondi, anunció la incautación de bienes vinculados al mandatario venezolano y a sus allegados por un valor que supera los 700 millones de dólares. La cifra, ya de por sí extraordinaria, se acompaña de otra que marca un récord en la historia reciente: 50 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a su arresto.
🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: EE.UU. incauta a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana.
La fiscal general Pamela Bondi revela la mayor operación contra el patrimonio del dictador venezolano, que incluye yates, mansiones, coches de lujo y efectivo, en el marco de… pic.twitter.com/QSo9pk5ox9
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 13, 2025
Las propiedades confiscadas parecen salidas de un catálogo del lujo global: dos aviones privados, mansiones en Florida y en República Dominicana, una granja de caballos de competencia, nueve automóviles de alta gama, joyas y montones de efectivo. No es, según Bondi, un episodio aislado, sino la continuación de una ofensiva contra lo que ella describe como “crimen organizado, no diferente a la mafia”, con Maduro como pieza central de un engranaje que incluiría al Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La DEA, por su parte, ha puesto números al señalamiento: 30 toneladas de cocaína vinculadas a esa red, de las cuales siete estarían directamente relacionadas con el presidente venezolano. Un expediente que, en el relato oficial estadounidense, combina narcotráfico, corrupción y vínculos con grupos armados.
Pero, como en toda partida política, hay otra narrativa. Desde Caracas, el ministro Diosdado Cabello ha desestimado las acusaciones como un “invento” de Washington. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno, ha convocado a una unión latinoamericana contra lo que interpreta como una “amenaza directa de intervención militar” por parte de Estados Unidos. Y el propio Maduro ha denunciado una “conspiración fascista” financiada por Donald Trump para quebrar la paz de su país.
En México, la ofensiva ha tenido eco político. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Maduro por presuntos vínculos con cárteles y nexos con políticos nacionales. La acusación ha encendido un debate, no tanto sobre la evidencia, sino sobre la utilidad y el trasfondo de un gesto que, para sus detractores, huele a cálculo electoral.
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
Washington no es ajeno a esta lógica de palo y zanahoria. En semanas recientes, ha intercambiado gestos con Caracas —liberaciones de detenidos, permisos a petroleras— al tiempo que endurece el cerco judicial y financiero sobre su líder. El resultado es una estrategia ambivalente: acercamiento limitado y presión máxima, como si la caída de Maduro dependiera de mantenerlo en un delicado equilibrio entre la legitimidad perdida y la asfixia creciente.
El caso recuerda a otras persecuciones de la historia: Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Pablo Escobar. Pero esta vez el enemigo no se esconde en montañas ni selvas remotas, sino que despacha desde el Palacio de Miraflores, bajo la mirada de un país dividido y exhausto. La recompensa récord no solo persigue un hombre, sino que expone la voluntad de Estados Unidos de convertirlo en el trofeo más caro de su cruzada contra el narcotráfico.
