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03/02/2020 , 7:03 pm

Legislando sobre la pena de muerte

“Para un Estado de derecho, la pena de muerte
representa un fracaso, porque lo obliga a matar
en nombre de la justicia”.

SS Francisco
Vaticano, 20 de marzo de 2015

En los tiempos del gobierno de Benito Juárez, ante la intervención francesa y la tendencia de una parte de la población que pretendía que en este país gobernara un emperador extranjero, Juárez, bajo el sustento de la Constitución de 1857, promulgó una ley que establecía la pena de muerte denominada: “Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales”. Con ella, se aplicaba la pena capital por auspiciar, solidarizarse y formar parte de la legión francesa que había impuesto un emperador europeo en este país.

Esa legislación determinaba la pena de muerte para, entre otros delitos, los siguientes, que se establecen expresamente: “Art. 12. La invasión hecha al territorio de la República de que habla la fracción I del art. 1° de esta ley, y el servicio de mexicanos en tropas extranjeras enemigas, de que habla la fracción II, serán castigados con pena de muerte”; y el artículo 13: “La invitación hecha para invadir el territorio, de que habla las fracciones III y IV del art. 1° se castigará con pena de muerte”. En el mismo ordenamiento legal, se establece: “Art. 26. A los que concurran a la perpetración de los delitos de que habla la fracción XII del art. 3°, facilitando noticias a los enemigos de la nación o del Gobierno, ministrando recursos a los sediciosos, o al enemigo extranjero, sean armas, víveres, dinero, bagajes, o impidiendo que las autoridades los tengan; sir-van de espías a los enemigos, de correos, de guías o agentes de cualesquiera clase, cuyo objeto sea favorecer la empresa de aquéllos, o de los invasores, sufrirán pena de muerte. Los que esparcieren noticias falsas alarmantes, o que debilitaren el entusiasmo público, suponiendo hechos contrarios al honor de la República, o comentándolos de una manera desfavorable a los intereses de la patria, sufrirán pena de ocho años de presidio”.

Desde luego que esa legislación se promulgó hace 150 años. Hoy no se puede, por ninguna razón, implementar la pena de muerte, pues está expresa y determinantemente prohibida en México, particularmente, en el artículo 22° de la Constitución, y, desde luego, proscrita en las legislaciones del mundo occidental y en una multiplicidad de tratados internacionales que la prohíben. Claro está, salvo en algunas entidades de Estados Unidos de América y algunos otros países, que aún la mantienen vigente y que se muestran como ejemplo vigente de un autoritarismo más que de un Estado de Derecho, es decir, el poner al poder político sobre el derecho y no el derecho sobre el poder político. Esa pena ha sido superada debido a que, si el Estado la impone, se estaría rebajando al nivel del propio delincuente y, por ende, perdería su legitimidad como institución, que está para respetar y garantizar los derechos de la población.

Ahora bien, eso es lo que no puede hacer el Estado, pues la imposición de la pena de muerte hace al Estado homicida, contraviene el principio de eticidad, que dicta que las autoridades, para perseguir a los infractor y delincuentes, no pueden llevar a cabo actos que provoquen que el Estado actúe como delincuente o infractor, como con aquellos que busquen engañar y sorprender, simplemente con la finalidad de descubrir a los delincuentes, pues esto ocasiona que no haya distinción alguna entre un delincuente y los organismos e instituciones del Estado.

Desde luego, si en otras naciones está permitido que el Estado actúe engañando a su población, habrá que analizar sus razones e idiosincrasias; pero en países como México y los de América latina debe estar proscrita la pena de muerte, entre otras razones, por todo lo que ha sucedido en estas naciones. Por tanto, si la prohibición de la pena de muerte es un derecho fundamental, esto representa que no puede modificarse esa disposición, no puede haber una regresión para permitirla. Por lo cual, habría que poner esta prohibición en la mesa para que quienes aún en estas fechas proponen la pena de muerte consideren otras medidas; dado que, incluso en el pensamiento de avanzada sobre estas penas crueles, se ha sostenido que una pena de más de treinta años en la cárcel es equiparable a la pena de muerte, aduciendo que se trata de una “pena de muerte encubierta”, pues la sanción se equipara a aquella pena capital.

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