Los cárteles mexicanos, prioridad urgente para Trump

El mapa del narcotráfico en México ya no es el de grandes “monolitos” hegemónicos de los años noventa. Hoy, el país enfrenta una constelación de organizaciones que combinan el tráfico de drogas con extorsión, cobro de piso, trata de personas, minería ilegal, robo de combustibles y lavado de dinero. Informes recientes de la DEA y trabajos de investigación de medios mexicanos confirman que, pese a la fragmentación, dos cárteles siguen marcando el pulso: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De Guadalajara a la multipolaridad criminal

Los cárteles mexicanos, tal como se conocen hoy, tienen su raíz en la década de 1980 con el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Desde allí se articuló una red que trabajaba con los grandes capos colombianos y controlaba rutas hacia Estados Unidos. Tras la detención de Félix Gallardo, a finales de los ochenta, esa estructura se fragmentó y dio origen, entre otros, al Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Juárez.

En los años noventa y primeros dos mil el mapa estuvo dominado por unos cuantos bloques: Sinaloa, Tijuana, Juárez y, más tarde, el Cártel del Golfo y Los Zetas. La “guerra contra el narco” iniciada en 2006 aceleró una dinámica de golpes y capturas que, lejos de desarticular por completo a las organizaciones, generó sucesivas escisiones, células locales y disputas internas que hicieron más complejo el escenario.

El mapa actual: expansión, fragmentación y zonas de influencia

De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se destaca que más de 80 grupos del crimen organizado tienen presencia en el país, además de alrededor de 16 bandas criminales locales, y destaca la expansión del CJNG en los últimos años.

Por su parte, la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025 de la DEA, retomada por medios mexicanos, señala que el CJNG es el único cártel con presencia en las 32 entidades del país, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene presencia en 31 estados. La agencia clasifica esa presencia en dominante, significativa o limitada según el tipo de operaciones detectadas y su capacidad de control sobre el territorio.

Análisis periodísticos recientes coinciden en que los grupos con mayor peso nacional siguen siendo el CJNG y el Cártel de Sinaloa, mientras que en distintas regiones operan organizaciones herederas o escindidas de cárteles históricos, como el Cártel del Golfo, remanentes de Los Zetas, grupos ligados al crimen organizado en Michoacán, y bandas regionales en estados como Hidalgo, Guerrero o Zacatecas.

Cárteles debilitados, desaparecidos y emergentes

La presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, las rivalidades internas y las alianzas rotas han debilitado o fragmentado a antiguos gigantes, a la par que han impulsado el surgimiento de nuevos actores regionales.

• Debilitados o fragmentados: Cártel del Golfo: golpeado por capturas de líderes y por la ruptura con Los Zetas, ha perdido cohesión y se ha fragmentado en facciones que disputan Tamaulipas y zonas del noreste.
• Los Zetas: el grupo que llegó a ser sinónimo de violencia extrema se descompuso en células como el Cártel del Noreste y otros remanentes regionales.
• Cártel de Juárez y Cártel de Tijuana: siguen presentes, pero con menor peso que en los años noventa, compitiendo con Sinaloa y otras organizaciones en sus antiguas zonas de dominio.
• Prácticamente desaparecidos o muy reducidos:• Algunas estructuras históricas del Cártel de Arellano Félix (Tijuana) o del antiguo Cártel de Juárez subsisten más como células locales o brazos armados que como organizaciones hegemónicas con proyección nacional.
• En varios estados, los grupos originales han dado paso a combinaciones de bandas regionales que se disputan puntos específicos: pistas clandestinas, cruces fronterizos, puertos o corredores carreteros.
• Emergentes y regionales: En Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas y otros estados, informes periodísticos y de seguridad documentan la presencia de organizaciones regionales que nacen de escisiones, como grupos en torno a “autodefensas” cooptadas, bandas de huachicol (robo de combustible) o células dedicadas principalmente al cobro de piso y la extorsión, más que al gran tráfico transnacional.

En conjunto, el panorama actual se describe mejor como un mosaico de macro-cárteles (Sinaloa y CJNG), cárteles regionales y decenas de células locales que se adaptan a las oportunidades ilegales de cada territorio.

¿Qué drogas mueven y de qué más obtienen recursos?

La DEA y análisis de medios especializados coinciden en que las organizaciones mexicanas han pasado de un modelo centrado en marihuana y cocaína a uno diversificado, donde los opioides sintéticos y la metanfetamina tienen un peso creciente.

• Cártel de Sinaloa: históricamente fuerte en la producción y tráfico de marihuana y amapola (heroína), se consolidó como intermediario clave de la cocaína sudamericana hacia Estados Unidos. En la última década, investigaciones estadounidenses lo han señalado como uno de los principales productores y traficantes de metanfetamina y fentanilo hacia el mercado norteamericano.
• Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): se ha caracterizado por su agresiva expansión territorial y por un modelo intensivo de producción y tráfico de metanfetamina y opioides sintéticos, además de operar rutas de cocaína y otras drogas. Informes de la DEA lo describen como uno de los grupos más peligrosos por su capacidad armada y su diversificación de actividades ilícitas.

Además del narcotráfico, los cárteles mexicanos obtienen recursos de una amplia gama de delitos:

• Cobro de piso y extorsión: impuesto a comerciantes, transportistas, productores agrícolas, empresarios locales y hasta a migrantes, en corredores controlados por el crimen organizado.
• Secuestro y trata de personas: tanto con fines de extorsión como explotación sexual y laboral, en redes que operan a nivel interestatal e internacional.
• Huachicol (robo de combustibles): particularmente en estados atravesados por ductos de Pemex, donde bandas locales y células vinculadas a cárteles perforan tomas clandestinas y venden combustible en mercados paralelos.
• Minería ilegal y control de recursos naturales: en estados con actividad minera relevante se han documentado casos de extorsión a empresas, control de yacimientos y cobro de “protección” para permitir la operación.
• Blanqueo de capitales: uso de empresas fachada, comercios, inmobiliarias, exportaciones e importaciones simuladas para lavar ganancias ilícitas en México y el extranjero, a menudo con la participación de redes financieras especializadas.

Este modelo de diversificación convierte a los cárteles en “multinegocios” criminales capaces de resistir golpes a un solo tipo de actividad y adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades de renta ilícita.

¿Por qué están en la mira de la administración Trump?

Desde hace décadas, Washington considera a los cárteles mexicanos una amenaza directa a su seguridad interna, pero su protagonismo se reforzó durante la administración de Donald Trump (2017–2021). En ese periodo, el discurso oficial vinculó de forma recurrente la migración irregular, la crisis de opioides y la violencia fronteriza con la acción de los cárteles mexicanos.

Informes de la DEA han señalado a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG como actores centrales en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, drogas asociadas a decenas de miles de muertes por sobredosis al año en ese país. Esa dimensión de salud pública se tradujo en presión diplomática, mayor cooperación en inteligencia y operativos conjuntos, y en el debate —políticamente muy cargado— sobre designar a ciertos cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, algo que la administración Trump llegó a plantear pero que no se concretó formalmente.

La preocupación estadounidense se explica por varios factores:

• Capacidad transnacional: los cárteles mexicanos han construido redes logísticas que abarcan América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, con socios y células en varios continentes.
• Poder financiero: los flujos de dinero ilícito, que se blanquean a través del sistema financiero y economías legales, presionan a reguladores y autoridades de ambos países.
• Impacto en la violencia y gobernabilidad local: la expansión de grupos como el CJNG hacia nuevos estados mexicanos se traduce en incrementos de homicidios, desplazamientos y control territorial que debilitan instituciones y generan condiciones de inestabilidad en la frontera compartida.

En conjunto, la política de Washington —incluida la de la administración Trump— se ha centrado en presionar por mayor control de precursores químicos, cooperación en capturas de líderes, extradiciones y acciones financieras contra el lavado de dinero, al tiempo que el tema se ha usado de manera recurrente en la arena electoral estadounidense.