¿Más represión, menos corrupción?

Dr. Silvino Vergara Nava

 

«El enemigo de un gobierno

 corrupto es un pueblo culto.

[…]

El gobierno no puede combatir la corrupción

porque la corrupción es el gobierno».

 Anónimos.

Una de las primeras medidas del gobierno federal actual (haciendo caso a sus promesas de campaña) fue reformar la Constitución para determinar la corrupción como un delito que requiere prisión preventiva oficiosa. Por ende, en el mes de abril de 2019, se reformó el artículo 19° de la Constitución para establecerlo así.

En las semanas del mes de octubre de 2020, la Cámara de Diputados ha aprobado diversas leyes y las ha turnado a la Cámara de Senadores con la finalidad de que, desde la legislación federal, se imponga esta determinación. Atendiendo a ello, vale la pena preguntarse si ese es el camino adecuado para combatir la corrupción.

Experimentos de anteriores administraciones públicas federales quisieron probar que, para combatir la corrupción, era necesario pagar mejores sueldos a los trabajadores del Estado; lo cual se llevó a cabo sin resultados muy halagüeños. También, se sostuvo que era necesario ir rotando los cargos públicos para que no se «hicieran plazas», como normalmente se denomina, con lo que aminoraría la corrupción. Lo cierto es que tampoco funcionó; incluso, lo que sucedió fue que la corrupción se convirtió en una especie de red. Ahora, lo que se pretende es que la corrupción se considere un delito de prisión preventiva; lo cual da a entender, también, una expansión del derecho penal y un intento de hacer más represivas las medidas de las autoridades para perseguir este mal. Lo cierto es que pocos augurios pueden ser dados a esa medida.

Por otro lado, se podría decir que hay otras medidas que mejor ayudarían con este problema. Posiblemente, lo que no se ha probado en México —por lo que los esfuerzos que se hacen no ha servido de nada— es disminuir las facultades discrecionales de las autoridades; no solamente las de los servidores públicos que tienen contacto con la población en los trámites comunes, sino, en general; en las dependencias y oficinas de gobierno donde, muchas veces, las decisiones son tomadas sin sustento legal, sin preparación ni experiencia. No obstante, todo está siendo reducido a la discrecionalidad de las decisiones.

Evidentemente, la discrecionalidad no es empleada correctamente en las oficinas públicas, sino que se presta para manejos muy turbios. Por esto, es de extrañar que no se haya pretendido dar un vistazo al sistema jurídico y procurar modificarlo para que no se presenten constantes actos de corrupción que parten de la discrecionalidad. Por el contrario, a causa de esta, cada día, los casos de corrupción son mayores y pareciera que ya no hay límite al respecto, tanto en los servidores públicos de mayor rango hasta en los de menos jerarquía. Por ello, aumentar los delitos, las penas de los delitos, determinar más causas de delito o establecer esta medida de prisión preventiva oficiosa no resuelven el problema. Este último caso podría convertirse en un control menos jurídico y mucho más político. Por lo cual, habría que hacer énfasis en la necesidad de acotar la discrecionalidad; para lo que se requiere voluntad de los que toman la decisión, pues los primeros afectados con tal medida serían ellos mismos (que no desean que se acote su discrecionalidad). Por tanto, no hacerlo a sabiendas de que esto reduciría la corrupción es, exactamente, otro acto de corrupción. (Para más información parmenasradio.org).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *