El jueves 28 de agosto, Veracruz volvió a ser escenario de la violencia que se ha convertido en parte de la vida cotidiana del país. Melquiades Alarcón Caro, exalcalde del municipio de Las Minas (2018-2021), y su hijo fueron asesinados en un ataque armado mientras circulaban por la carretera que conecta Zomelahuacan con Pueblo Nuevo, a 50 kilómetros de Xalapa.
El hecho ocurrió alrededor de las ocho de la mañana. Un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que viajaban las víctimas y abrió fuego. El automóvil quedó con más de 40 impactos de bala, lo que da cuenta no sólo de la ferocidad del ataque, sino también de la impunidad con la que actúan los grupos criminales.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios. Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía han emitido un pronunciamiento oficial, y mucho menos se reportan detenidos.
El asesinato de un exalcalde y su hijo debe encender las alarmas. No se trata de un ciudadano cualquiera, sino de un actor político que representó a su comunidad bajo la alianza PRI-PVEM. El mensaje que se envía es contundente: ni quienes ocuparon cargos públicos están a salvo.
Lo más preocupante es la normalización de este tipo de hechos. Un ataque con 40 disparos en plena mañana debería ser un escándalo nacional, pero corre el riesgo de convertirse en una nota más en medio de la rutina de violencia. La ausencia de información oficial sólo profundiza la percepción de un Estado rebasado.
