Mercado ilegal de cigarros ahoga a México; evasión fiscal alcanzó 27 mil MDP
El incremento en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) aplicado al tabaco ha provocado que el precio de las cajetillas legales alcance hasta los 110 pesos en promedio.
Si bien la medida busca inhibir el consumo, en la práctica ha impulsado una crisis colateral: el fortalecimiento del contrabando y la piratería, cuyo costo para las finanzas públicas de México se estima en hasta 27 mil millones de pesos anuales en evasión fiscal.
Uno de cada cuatro cigarros es ilegal
De acuerdo con estimaciones recientes de organismos de la industria y análisis especializados —como los de la Confederación de Asociaciones de la Industria Nacional de Tabaco (Conainta) y estudios de mercado—, el 23.3% del consumo total de cigarros en el país corresponde a productos de procedencia ilícita. Esto se traduce en más de 9 mil 190 millones de cigarros ilegales comercializados al margen de la ley.
Para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este boquete financiero representa pérdidas que rondan entre los 23 mil y los 27 mil millones de pesos. La brecha se ensancha debido a que los impuestos representan aproximadamente el 70% del valor de una cajetilla legal, generando un margen de ganancia sumamente atractivo para las redes de distribución informal.
El factor precio y la inelasticidad del consumo
Especialistas económicos señalan que la demanda de tabaco posee un comportamiento inelástico: ante alzas drásticas en los costos, una proporción considerable de los fumadores no abandona el hábito, sino que busca alternativas más económicas.
Mientras una cajetilla de marca establecida ronda los 110 pesos —un impacto severo para bolsillos que perciben el salario mínimo—, los cigarros de contrabando o falsificados pueden adquirirse por una fracción de ese costo. Esta situación empuja a los consumidores hacia el mercado negro, desatendiendo los controles sanitarios y de calidad que exige la ley mexicana.
Redes globales y operación de la delincuencia
Las investigaciones apuntan a que los productos ilegales ingresan al país principalmente a través de aduanas, procedentes de naciones asiáticas como China, Singapur, Tailandia, Vietnam y Emiratos Árabes, donde autoridades federales han intensificado los operativos con decomisos históricos de millones de unidades “patito”.
No obstante, el problema ha escalado del plano aduanero al de seguridad nacional. Diversas regiones del país han atestiguado cómo la delincuencia organizada —incluyendo cárteles del narcotráfico— ha incursionado en la distribución de marcas de cigarros no registradas o apócrifas, utilizando en ocasiones métodos de extorsión y presión para obligar a pequeños comerciantes a ofertar dichos productos en sus establecimientos.
