PUEBLA, México.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya está operando; así confirmó el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, quien señaló que aunque todavía no se ha nombrado al titular, ello ocurrirá este mismo mes. (Foto: Especial)

Fernando Manzanilla Prieto
09/09/2020 , 7:47 pm

Personas con discapacidad: los olvidados del Presupuesto 2021

Como lo establece la ley, el pasado martes 8 de septiembre el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la consideración del Poder Legislativo la propuesta de Paquete Económico 2021, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

A reserva de hacer un balance más detallado de la viabilidad y pertinencia de la propuesta, lo primero que salta a la vista son los recortes al presupuesto destinado al sector más vulnerable entre los vulnerables: las personas con discapacidad.

Un primer análisis de la periodista y fundadora de la organización “Yo También”, Bárbara Anderson, revela que los recursos presupuestados para el próximo año de ninguna manera contribuirán a “reducir la desigualdad” ni a fortalecer las capacidades del sistema de salud, “particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad”, como reza el preámbulo del Paquete Económico.

Ejemplo de ello es el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que, desde su lanzamiento en 2018, prometió beneficiar a un millón de personas con esa condición. Actualmente el programa beneficia a 842,261 personas con discapacidad con una pensión bimestral de 2,550 pesos. La propuesta contemplada en el PEF 2021 consiste en sumar 90 mil nuevos beneficiarios —lo cual es loable, aunque insuficiente— y aumentar el monto bimestral de la pensión a 2,620 pesos, o sea, ¡70 pesos más! Es decir, un “incremento” de 2.75% que, como señala Anderson, ni siquiera cubre la inflación (Milenio).

Javier Risco (El Financiero) ha recopilado otros recortes señalados por la organización “Yo También”, que demuestran más que el olvido, la “invisibilidad” de las personas con discapacidad en el PEF 2021. Por ejemplo, el proyecto “Atención a Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad”, único vinculado a alumnos con discapacidad en la Secretaría de Educación Pública, tuvo una reducción del 20%, pasando de 32.5 mdp a 20 mdp.

Entre los programas que de plano se quedaron sin recursos destacan: el programa para la atención a personas con discapacidad del DIF, que este año no tiene presupuesto asignado, aunque se le menciona en el PEF; el “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad” (en 2020 recibió un apoyo de 400 millones de pesos); el Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la CNDH (en 2020 recibió un apoyo de 17 millones de pesos); los gastos para atención a personas con discapacidad en el ISSSTE y el programa para atención de personas con discapacidad en la Secretaría de Salud y el de Inclusión y Equidad Educativo de la SEP.

En México, hay 7.8 millones de personas con alguna discapacidad. Estamos hablando del equivalente a la población total de Puebla y Nayarit, juntas. Se estima que en 2 de cada 10 hogares del país vive una persona con alguna discapacidad. En 2018 la mitad de las personas con discapacidad vivía en situación de pobreza y presentaba algún rezago educativo. El 12% no tenía acceso a servicios de salud y 28% presentaba carencias por una inadecuada alimentación.

De nada sirven los esfuerzos asistencialistas si las personas con alguna discapacidad no tienen acceso a los planteles educativos (rampas y elevadores), o si no hay alternativas de transporte público para que se trasladen con seguridad a las escuelas o a sus lugares de trabajo. No tienen sentido si no van acompañadas de recursos para capacitarlos e integrarlos a la vida productiva, o para protegerlos de abusos y violaciones constantes a sus derechos humanos.

Creo que, como sociedad y como gobierno, tenemos la responsabilidad de poner a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos de respuesta y recuperación frente a la pandemia. Tenemos que dejar atrás nuestra idea asistencialista y ver a este sector más como una oportunidad de inversión que como una responsabilidad de gasto. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que, si en México incluyéramos a las personas con discapacidad a la vida productiva, podríamos aumentar el Producto Interno Bruto entre un 2% y 3%.

Y para lograrlo, estoy convencido de que el mejor camino es invirtiendo en opciones realmente inclusivas y solidarias, alejadas de la visión tradicional asistencialista, que aseguren el bienestar y los derechos de este sector. Esa será mi postura en la revisión del PEF 2021.

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