Puebla cuarto lugar nacional en violaciones a derechos humanos, CNDH
Liliana Tecpanecatl
“Realidades alarmantes” son las que se viven en el estado de Puebla en materia de derechos humanos, afirmó Roberto Zataraín Leal, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 62 Legislatura, al agregar que la entidad, ocupa el cuarto lugar nacional con más violaciones en la materia.
El morenista expuso los datos duros que integraron el diagnóstico en el que se basó el plan de trabajo de la Comisión, documento que también se presentó este lunes. Entre otras cosas, reveló que Puebla es el segundo estado del país con más casos de discriminación.
Además, entre enero y agosto del 2023, el estado fue el quinto a nivel nacional con más víctimas mujeres del delito de trata. Las cárceles en la entidad, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, no garantizan las condiciones para la correcta inserción de los internos a la sociedad.
La violencia, la delincuencia, la pobreza y la impunidad, agregó, son los principales problemas sociales en Puebla y las quejas por violaciones a los derechos humanos van en aumento, tan solo en el 2023 se recibieron 8 mil 378 denuncias en la materia y solo se logró resolver un 58% de ellas.
De ahí, que se presentará una nueva Ley de Derechos Humanos para el estado de Puebla para que “sí o sí”, dijo el diputado, la normativa en la entidad se homologue a la del gobierno federal. Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta Comisionada estatal en la materia, acudió a esta sesión de trabajo.
Zataraín Leal, aprovechó para pedirle que haga rendir el presupuesto de la dependencia y recordó que del 2019 al 2024, el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pasó de 22 millones de pesos a 60 millones de pesos, sin embargo, ello no se reflejó en la eficiencia de su trabajo.
El diputado además hizo hincapié en la necesidad de atender la alerta de violencia género que está vigente en la entidad, a fin de dar seguimiento a las acciones que todos los involucrados deben emprender para frenar el delito de los feminicidios, así como ofrecer una atención adecuada a las víctimas de violencia de género.
