Se llevaron al dictador, pero no a la dictadura

Rodolfo Meléndez Sánchez

La detención de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026 tras una operación militar de Estados Unidos, fue presentada como un punto de quiebre. Sin embargo, para Venezuela, el efecto inmediato fue otro: el poder no cambió de manos, solo de figura. La llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina confirmó una intuición extendida dentro y fuera del país: el chavismo, aun sin su líder más visible, sigue intacto.

Rodríguez no aparece de improviso en la escena. Su carrera política está profundamente ligada al periodo más cerrado del régimen. Vicepresidenta desde 2018, canciller, ministra de Finanzas y de Hidrocarburos, ha concentrado durante años funciones que en cualquier democracia estarían repartidas para evitar abusos. Esa acumulación no fue un accidente, sino una señal de confianza. Para Maduro, Delcy Rodríguez fue siempre una funcionaria confiable, disciplinada, sin dudas públicas ni fisuras visibles.

Que ella haya sido designada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia dice mucho sobre la naturaleza del momento actual. El TSJ evitó definir si la ausencia de Maduro es temporal o absoluta, una ambigüedad jurídica que permite prolongar la situación sin convocar a elecciones. Es una maniobra conocida en la política venezolana reciente: ganar tiempo, mantener el control, postergar las decisiones de fondo. Desde fuera, especialmente desde Washington, la permanencia de Rodríguez parece responder a criterios de estabilidad. Los informes de inteligencia estadounidenses advirtieron que un relevo abrupto podría desatar fracturas dentro de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Delcy Rodríguez, en cambio, garantiza continuidad. Mantiene interlocución con el ejército, con los servicios de inteligencia y con los actores económicos clave, en particular el sector petrolero. Para Estados Unidos, eso parece suficiente por ahora.

Para Venezuela, no lo es

Rodríguez carga con un historial político que no admite lecturas benevolentes. Está sancionada por la Unión Europea desde 2018 por socavar la democracia, por violaciones a los derechos humanos y por su papel en la represión de la oposición. Fue una de las figuras centrales de la Asamblea Nacional Constituyente que anuló, en la práctica, al Parlamento electo. Defendió elecciones cuestionadas, avaló la persecución judicial de adversarios políticos y justificó el uso de la fuerza contra protestas civiles. Su llegada al poder no representa una rectificación, tampoco una pausa comercial. No puede separarse de la estructura familiar que la rodea. Su hermano, Jorge Rodríguez, preside la Asamblea Nacional y es uno de los operadores políticos más influyentes del chavismo. Ambos han actuado durante años como un eje de poder, negociando, administrando crisis y cerrando filas cuando el régimen se vio amenazado. Esa cercanía no es solo política; es estratégica.

En este contexto surge la pregunta sobre la traición. No en un sentido moral, sino político. ¿Delcy Rodríguez traicionó a Maduro al aceptar un acuerdo que facilitó su captura o simplemente asumió que el líder ya no era indispensable? En regímenes autoritarios, la lealtad suele tener límites claros: se mantiene mientras garantiza la supervivencia del sistema. Cuando deja de hacerlo, pues borrón y cuenta nueva.

La negociación con Estados Unidos refuerza esa idea. Rodríguez fue, según distintas fuentes, una de las interlocutoras principales con la administración Trump en los meses previos. El objetivo: preservar el aparato chavista a cambio de cooperación, especialmente en materia energética y de seguridad. El costo de ese acuerdo lo paga la sociedad venezolana, que sigue sin ver señales de un cambio real, o siquiera visible: Los presos políticos continúan encarcelados. No se ha anunciado un calendario electoral. No hay garantías para el retorno de exiliados ni para el ejercicio pleno de la oposición. En la vida cotidiana: el miedo y la precariedad, siguen siendo la constante. La gente intuye (sabe) que el poder sigue donde siempre estuvo.

En el otro extremo del escenario aparece María Corina Machado. Su figura concentra un apoyo popular que ningún otro dirigente opositor ha logrado en los últimos años. Las elecciones de 2024, pese a las irregularidades, mostraron un respaldo amplio y sostenido. Machado representa, para muchos venezolanos, una ruptura clara con el chavismo y con sus formas de ejercer el poder.

Sin embargo, su principal debilidad es evidente: no controla el aparato militar. Décadas de politización de las fuerzas armadas han dejado a la oposición fuera de cualquier influencia real en ese ámbito. Los informes de la CIA fueron explícitos al respecto. Para Estados Unidos, Machado carece de las condiciones necesarias para gobernar sin provocar un colapso institucional o una reacción armada. Esa limitación ha pesado más que su legitimidad democrática. Machado apostó por una estrategia de internacionalización del conflicto y por una alianza estrecha con Washington. Respaldó la presión militar y celebró la captura de Maduro como el inicio de una transición. Pero cuando llegó el momento de decidir quién asumiría el poder, fue desplazada. El respaldo popular no bastó frente al control de los cuarteles, y el oro negro.

Hoy, Machado permanece en una posición ambigua. Sigue siendo una referencia política importante, pero carece de capacidad inmediata para incidir en las decisiones centrales. Su liderazgo no ha desaparecido (aunque Trump diga lo contrario), pero ha sido relegado. Aun así, sigue representando una alternativa distinta a la continuidad chavista, algo que Delcy Rodríguez no puede ofrecer.

Venezuela enfrenta, una vez más, una transición incompleta. La presidencia interina de Delcy Rodríguez garantiza orden, pero no cambio. María Corina Machado encarna el cambio, pero no tiene poder. Entre ambas, el país permanece suspendido, sin certezas claras sobre su futuro inmediato.

El riesgo es que esta nueva etapa termine siendo solo una administración más del mismo régimen, ahora bajo supervisión externa. La estabilidad puede ser útil para los actores internacionales, pero para los venezolanos no significa necesariamente justicia, libertad ni reconstrucción institucional. Sin elecciones libres, sin rendición de cuentas y sin ruptura real con el pasado, la crisis seguirá, aunque cambien los nombres.