La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este lunes explicaciones al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por el operativo policial realizado durante la manifestación del domingo en Guadalajara, convocada para exigir soluciones ante la distribución de agua con coloración oscura y malos olores en distintos puntos de la Zona Metropolitana. La movilización terminó con gases lacrimógenos, chorros de agua, dispositivos de dispersión y decenas de detenidos frente a Casa Jalisco.
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Sheinbaum afirmó que el Gobierno de Jalisco debe informar por qué se utilizaron esos mecanismos para contener la protesta y entregar los nombres de las personas detenidas. La presidenta señaló que la fuerza pública puede intervenir para contener una situación, pero cuestionó que esa actuación derive en represión. También pidió conocer las circunstancias que llevaron al uso de gas lacrimógeno y agua durante la concentración.
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La marcha comenzó en la Glorieta Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco después de las 11:00 horas. La convocatoria fue impulsada por ciudadanos, vecinos, activistas, asociaciones civiles y especialistas que reclamaban una solución a los problemas de calidad del agua registrados durante varios meses. Las autoridades locales calcularon una asistencia de unas 4 mil 500 personas, mientras organizaciones participantes estimaron más de 10 mil.
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El recorrido se desarrolló durante casi dos horas antes de que se registraran enfrentamientos frente a la residencia oficial del gobernador. Las autoridades reportaron que un grupo de aproximadamente 400 personas ajenas a la protesta habría comenzado a lanzar objetos contra los elementos antimotines. Después de esos hechos fueron empleados gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión. La versión oficial reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad, y 31 civiles atendidos médicamente.
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La cifra de detenidos también fue motivo de controversia. Organizaciones participantes reportaron más de 42 arrestos y denunciaron posibles detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares para garantizar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.
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La Fiscalía General del Estado informó que al menos 12 personas fueron liberadas durante las horas posteriores a la movilización. Las investigaciones continuarán en libertad por delitos relacionados con ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La Fiscalía explicó que las liberaciones se realizaron con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que las carpetas de investigación permanecen abiertas.
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Entre las organizaciones que denunciaron abusos se encuentra el Centro Cultural Casa Quinqué. El organismo informó que dos de sus integrantes, Alejandra Rivas Martínez y Jorge Ignacio Luna Bernal, fueron detenidos durante la protesta. Martín Torres, integrante de Casa Quinqué, afirmó que Rivas fue detenida en Casa Jalisco y acusó que Luna Bernal fue golpeado por policías. El centro cultural pidió investigar la actuación de los agentes y sancionar posibles excesos. Estas acusaciones corresponden a la denuncia pública de la organización y no a una determinación oficial sobre responsabilidades.
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El conflicto ocurre después de que Lemus aseguró el 8 de octubre, durante un encuentro con estudiantes del ITESO, que los participantes podrían marchar con tranquilidad. Los estudiantes le preguntaron directamente si enviaría elementos de seguridad durante la movilización y le pidieron que cumpliera su palabra. El gobernador respondió que la población podría marchar con calma. Después de los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, manifestantes cuestionaron que la actuación policial fuera compatible con ese compromiso.
La protesta tiene como origen una crisis de calidad del agua que afecta a habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos. Reportes citados por las fuentes señalan problemas de coloración café, malos olores y deficiencias en distintas colonias. El SIAPA reconoció el deterioro del agua que ingresaba al canal de Las Pintas y señaló que la afectación procedía del sistema antiguo. Un monitoreo ciudadano realizado entre abril y junio en 90 colonias, con 184 muestras, detectó ausencia de cloro residual en 93.48 por ciento de los casos y registró indicios de E. coli, plomo, mercurio y aluminio. En julio, la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó no utilizar agua de la llave para beber, cocinar o preparar alimentos.
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El Gobierno estatal atribuyó parte del deterioro a descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas. Lemus anunció el retiro temporal de esa fuente del sistema de abastecimiento, una decisión que representa una reducción aproximada de 30 por ciento en el suministro. El esquema de distribución intermitente podría mantenerse durante seis meses mientras avanzan las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle.
Sheinbaum también cuestionó la posibilidad de incorporar esquemas privados al financiamiento y operación del servicio de agua en Jalisco. La presidenta pidió discutir con el Gobierno estatal las alternativas de financiamiento antes de avanzar en ese sentido. Activistas y vecinos han expresado preocupación por una eventual privatización, aunque las fuentes revisadas no acreditan una privatización del SIAPA ni de la Comisión Estatal del Agua a favor de empresas privadas o extranjeras. Lemus ha declarado que el SIAPA no será privatizado.
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El Gobierno de Jalisco también ha reportado una posible mejoría en la calidad del agua después del cierre temporal del flujo procedente de Las Pintas. Lemus afirmó que los reportes ciudadanos y los datos recibidos por las autoridades muestran cambios favorables. Sin embargo, la información revisada para esta nota no incluye un estudio técnico independiente que confirme esa mejoría. El SIAPA deberá informar sobre el esquema de rotación del suministro y las condiciones de operación durante los próximos meses.
La exigencia federal ocurre mientras continúan las investigaciones sobre las detenciones y la actuación policial. La crisis del agua mantiene abiertas las demandas de vecinos y organizaciones para transparentar los análisis de calidad, revisar la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro a las familias afectadas. La protesta del domingo trasladó esas exigencias al centro de la discusión pública y abrió una nueva disputa entre el Gobierno estatal, los manifestantes y las autoridades federales por la forma en que debe atenderse la emergencia.
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