Proponen crear un registro público de agresores para combatir violencia familiar
Redacción.- La diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, impulsa una iniciativa para crear el Registro Público de Agresores, debido a que la violencia familiar es uno de los problemas más dolorosos que ha visibilizado la pandemia del Covid-19.
Destacó que en la medida que los contagios se han incrementado, también lo han hecho las agresiones en los hogares, en particular hacia las mujeres, que son las más propensas a sufrir maltratos, ya sean menores de edad o adultas mayores.
Sostuvo que con la creación este registro no se vulnera la presunción de inocencia; se respeta este principio, porque sólo se inscribirán las personas sentenciadas.
Este registro representa una alternativa para visibilizar la violencia contra mujeres y niñas y permitirá que el género femenino cuente con información de los agresores que tengan sentencia firme por los delitos de violencia familiar, feminicidio, violación, abuso sexual, turismo sexual y trata de personas”, apuntó.
Se pretende que cuente con información general de las personas sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público. Además, la consulta será por petición escrita, organizada por delito, conteniendo los siguientes datos: fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad, agregó.
Destacó que es necesario no limitar el Registro Público de Agresores a delitos sexuales, debido a que la violencia familiar es uno de los delitos que más se cometen contra mujeres, niñas y adolescentes.
La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que de enero a septiembre de 2020 hubo un aumento de 2.7 %, con incidencia progresiva, en los abusos y maltratos en las familias al registrarse 163 mil 868 casos de violencias, respecto a 2019.
Sobre los mecanismos de funcionamiento del registro, propuso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publique en su portal electrónico oficial, el registro que refiera a la persona sentenciada, una vez que cause ejecutoria la sentencia.
Además, concluyó que para esto se tendrían que realizar estudios, investigaciones y estadísticas con los datos contenidos en el registro, respetando la información de datos personales conforme a la normatividad aplicable para la elaboración de políticas públicas y recibir de los órganos jurisdiccionales los datos de las personas sentenciadas con ejecutoria para registro de las mismas.
