“No hay indicios de que los 43 estén con vida”: Alejandro Encinas
AFP
México.- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas del Colegio Raúl Isidro Burgos en el que informó que “no hay indicio alguno de que los 43 normalistas de Ayotzinapa estén con vida”.
Asimismo, se desprende del informe que los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad, por sus acciones u omisiones, en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014.
Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior), al presentar el reporte en un acto público.
No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos, añadió el titular de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, quien no detalló si esos agentes siguen activos.
Encinas aclaró que es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de efectivos del Ejército y la Marina en lo que volvió a catalogar como un “crimen de Estado”.
El pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina estaban bajo investigación por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos alumnos identificados hasta ahora.
“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron”, señaló entonces el mandatario izquierdista, quien creó la comisión para dar un nuevo impulso a las averiguaciones.
La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
El caso constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México -que contabiliza unos 100,000 desaparecidos- y generó una fuerte condena internacional.
Según las pesquisas, los jóvenes fueron capturados por policías locales coludidos con el cártel de las drogas Guerreros Unidos, señalados de asesinarlos y de incinerar los cuerpos.
