
Lanzan estrategia contra la gentrificación en CDMX
Clara Brugada presentó una política de justicia habitacional que incluye vivienda social, regulación de rentas y apoyo comunitario.
El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una estrategia integral para enfrentar los efectos negativos de la gentrificación, como el desplazamiento de comunidades y el aumento desmedido en los precios de la vivienda. La propuesta contempla reformas legales, acciones institucionales y convenios con el sector privado.
Entre los puntos principales se encuentra la inversión de 9 mil millones de pesos en vivienda de interés social en zonas céntricas, así como una ley de rentas justas que limite los aumentos al ritmo inflacionario y regule los alquileres de corto plazo en plataformas digitales.
La estrategia también busca frenar la especulación inmobiliaria y fortalecer el arraigo comunitario mediante apoyos a pequeños comercios, oficios tradicionales y negocios locales. Se contempla además la creación de una Defensoría de los Derechos del Inquilino para brindar acompañamiento legal a las personas que rentan vivienda.
Durante la presentación del Bando número 1 de su gestión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas medidas representan un proceso estructural y progresivo que coloca a las comunidades en el centro de las políticas públicas.
El acto se llevó a cabo en el Palacio del Ayuntamiento ante alcaldes, legisladores y habitantes de colonias como Roma, Condesa y Escandón, directamente impactadas por la gentrificación. El documento presentado contempla 14 acciones concretas para evitar el desalojo de familias y negocios tradicionales.
Brugada destacó que esta política posiciona a la capital como referente en América Latina en materia de regulación del mercado de vivienda en zonas de alto desplazamiento. También convocó a la ciudadanía, académicos y especialistas a participar en foros y mesas de trabajo para enriquecer esta propuesta.
Funcionarios del gabinete informaron que ya se alcanzaron acuerdos con el sector privado para invertir 10 mil millones de pesos en obra pública y otros 9 mil millones en vivienda social.







