Por momentos, la conferencia de esta mañana en Bucareli pareció más un mensaje de firmeza política que un parte informativo. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldada por su equipo, insistió una y otra vez en que “no existen razones” para los bloqueos y manifestaciones anunciadas por productores agrícolas y algunos transportistas en distintas partes del país.
Rodríguez subrayó que el Gobierno federal ha mantenido abiertas y permanentes las vías de comunicación: más de 200 reuniones locales y estatales en las últimas semanas con productores agropecuarios, además de encuentros continuos con representantes del sector transportista. Según la información presentada, hasta las 9:30 de la mañana se reportaron afectaciones en Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas, con un total que no superaría el millar de productores.
La funcionaria reiteró que la cosecha primavera–verano de maíz avanza sin contratiempos y bajo los acuerdos firmados el 29 de octubre, que incluyen un apoyo gubernamental de 800 pesos por tonelada, complementado con 150 pesos adicionales por parte de los gobiernos estatales. A esto se suma una base de comercialización de 105 dólares por tonelada, la más alta registrada. Hasta ahora, 28 mil productores del Bajío se han preregistrado para recibir estos apoyos y ya se han comercializado 130 mil toneladas.
Gobernación defendió también que la Ley de Aguas continúa en debate legislativo y que todos los sectores pueden participar en los foros correspondientes. En cuanto a los transportistas, recordó que existen mesas de trabajo activas con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura para atender temas de seguridad carretera.
En tono crítico, la dependencia advirtió que los bloqueos podrían tener motivaciones políticas más que gremiales. Por ello llamó a las organizaciones inconformes a asistir a la mesa programada para este día a las 13:00 horas y a evitar afectar el libre tránsito. Agradeció, además, a las cámaras y asociaciones transportistas que han decidido no sumarse a un paro nacional.
El mensaje final fue claro: el Gobierno asegura tener la mano extendida. Lo que no quiere, dice, es que las carreteras se conviertan en un campo de batalla político.
