BUAP y Auditoría de Puebla refuerzan vínculo académico
Redacción
En tiempos en los que la palabra “transparencia” suele usarse más como consigna que como práctica, vale la pena detenerse en los acuerdos que buscan convertirla en un ejercicio cotidiano. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Auditoría Superior del Estado firmaron un convenio que, más allá del acto protocolario, apunta a un objetivo concreto: fortalecer el servicio social y las prácticas profesionales de los estudiantes en un entorno real de fiscalización y rendición de cuentas.
El acuerdo fue encabezado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez y por Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado. Ambos coincidieron en algo fundamental: la formación académica no puede desligarse de las exigencias del mundo profesional, sobre todo cuando se trata de áreas donde la legalidad, la ética y el manejo de recursos públicos están en juego.
Cedillo Ramírez subrayó que este convenio beneficia a ambas instituciones, pero representa también un reconocimiento al trabajo de la Auditoría. No sólo por su función fiscalizadora, sino por el acompañamiento que brinda a la BUAP en sus propios procesos de rendición de cuentas, con el objetivo de que sean abiertos, claros y verificables. Dicho de otro modo: predicar con el ejemplo.
Para los estudiantes, el impacto es directo. La Rectora destacó que la ASE es una entidad con procesos rigurosos y estándares de calidad elevados, lo que permitirá a los jóvenes adquirir habilidades y herramientas que difícilmente se obtienen sólo en el aula. Entrar en contacto con la lógica institucional, con sus tiempos y responsabilidades, es parte esencial de la formación profesional.
Teomitzi Sánchez fue aún más explícito al reconocer a la BUAP como una institución pionera en la formación de auditores en Puebla. Celebró, además, la disposición de la universidad para continuar un trabajo colaborativo que permita generar nuevos perfiles profesionales, acordes con las necesidades actuales del estado.
Desde el plano jurídico y académico, la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que el convenio regula y fortalece las prácticas profesionales y el servicio social. El objetivo es claro: que los estudiantes enfrenten la realidad con todas sus complejidades, comprendan el impacto social de su profesión y desarrollen competencias técnicas, pero también valores como la ética, la responsabilidad social y la legalidad.
En la firma estuvieron presentes autoridades universitarias y de la Auditoría, un detalle que confirma que este acuerdo no es simbólico. En un país donde la desconfianza institucional persiste, alianzas como esta apuestan por algo esencial: formar profesionales que entiendan que la fiscalización no es un obstáculo, sino una condición básica de la vida pública.
