Cátedra Cossío 2026: advierten riesgo político por reforma judicial en la Ibero

En la Ibero Puebla se llevó a cabo la Cátedra Cossío, uno de los foros de aprendizaje y diálogo en torno al derecho y la justicia. Cada año, el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, imparte una conferencia en la que analiza temas de actualidad; en esta edición, la reforma judicial fue el eje central.

En esta nueva edición, la cátedra abordó un tema que genera amplio debate público: la reforma judicial. Esta iniciativa, que ya tiene dos años en la Constitución, ha provocado controversia por sus efectos en la aplicación de la justicia, en un contexto de crisis democrática en el país.

Ante este escenario, Cossío Díaz subrayó que “el país tiene un déficit de derecho, no un exceso de derecho”, por lo que llamó a fortalecer la reflexión, el estudio y el compromiso profesional como herramientas clave para construir una justicia más sólida. Asimismo, invitó a los estudiantes a involucrarse en el análisis crítico del contexto jurídico nacional.

El rector de la Ibero Puebla, Alejandro Sanginés, encabezó la inauguración de esta cátedra y destacó su pertinencia en el contexto actual. En su mensaje, señaló:

“Pareciera que la década en curso se consolida como la década de la deslegitimación institucional y de la erosión democrática. Vemos instancias judiciales debilitadas en su función de contrapeso frente a los gobiernos, especialmente en su labor como garantes de los derechos humanos”.

Por su parte, José Ramón Cossío Díaz centró su análisis en las implicaciones estructurales de la reforma judicial, particularmente en la transformación de la legitimidad de los juzgadores. Advirtió que este cambio puede alterar el equilibrio institucional, ya que “hay un cambio profundo en la legitimidad y origen de los jueces que se asemeja a una condición política”.

Señaló que esta nueva configuración podría derivar en una ruptura de la función tradicional del juzgador como intérprete de la ley, con el riesgo de que los jueces dejen de ser aplicadores del marco normativo y se conviertan en actores con agenda propia. Incluso, advirtió la posibilidad de “una sustitución de ejecutores generales de la ley por ejecutores de los principios o procesos de un movimiento político en marcha”.

Finalmente, sostuvo que “se está dando una sustitución de una racionalidad jurídica por una racionalidad política”, lo que podría debilitar los fundamentos técnicos de las decisiones judiciales y afectar la certeza y consistencia del sistema legal.