Ejército busca desactivar 625 narcominas en Michoacán
Ciudad de México. — El Ejército mexicano desplegó un operativo especial con vehículos blindados y drones en el estado de Michoacán tras detectar 625 minas antipersonales instaladas por cárteles del narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que estos artefactos explosivos improvisados forman parte de una cruenta disputa territorial que ya ha cobrado la vida de personal militar.
El CJNG y la guerra por el control territorial
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, detalló que el hallazgo de los explosivos —contabilizados desde noviembre pasado— responde a una estrategia de resistencia criminal.
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Según el mando militar, el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una ofensiva para irrumpir en localidades controladas por bandas locales de Michoacán. Ante este avance, los grupos regionales han optado por “proteger” sus zonas sembrando estos dispositivos terrestres en caminos rurales y áreas clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Tecnología y blindaje especial contra explosivos
Para neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de las tropas y la población civil, la Sedena implementará una contraestrategia de alta ingeniería:
- Vehículos antibombas: Las Fuerzas Armadas contemplan la fabricación interna de unidades militares con blindaje especial capaz de resistir explosiones terrestres.
- Drones de detección: Se adquirirán aeronaves no tripuladas de última tecnología para realizar patrullajes aéreos y localizar los artefactos ocultos antes del paso de los convoyes.
Mercenarios y antecedentes mortales en la región
El uso de estas tácticas de guerra asimétrica ya ha tenido consecuencias fatales. En mayo de 2025, seis militares mexicanos murieron en Michoacán luego de que el vehículo en el que patrullaban detonara un artefacto explosivo oculto en el camino.
Días después del atentado, las autoridades federales detuvieron a diez exmilitares colombianos, presuntamente contratados por los cárteles para fabricar estos dispositivos y adiestrar a los sicarios locales en técnicas de combate urbano y uso de explosivos improvisados.
