Internacional

ONU alerta por riesgos en deportaciones masivas de Estados Unidos

Redacción  FECHA:  28 septiembre, 2026

Un grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre los riesgos de derechos humanos derivados de los acuerdos mediante los cuales Estados Unidos deporta a migrantes hacia terceros países.

Especialistas señalaron que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, Washington ha establecido acuerdos con más de 35 países para recibir a personas que no pueden ser enviadas legalmente a sus lugares de origen.

Entre los países mencionados se encuentran Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur. De acuerdo con los expertos, al menos 23 mil personas de terceros países han sido trasladadas mediante este esquema.

La preocupación principal se relaciona con el principio de no devolución, conocido como non-refoulement, que establece que una persona no debe ser enviada a un territorio donde pueda enfrentar persecución, tortura u otras violaciones graves a sus derechos y su integridad.

Los expertos advirtieron que algunos migrantes pueden terminar en países con los que no tienen vínculos, exponiéndolos a situaciones de aislamiento, discriminación o nuevos episodios de violencia.

También señalaron posibles riesgos de:

  • Detenciones arbitrarias.
  • Malos tratos.
  • Desapariciones forzadas.
  • Trata y esclavitud.

Entre los grupos considerados particularmente vulnerables se encuentran niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y personas apátridas.

Los especialistas consideran que el traslado a terceros países puede agravar las condiciones de personas que originalmente abandonaron sus lugares de origen debido a situaciones de violencia, persecución o discriminación.

De momento, se ha extendido una alerta sobre lo que pueden provocar que estos acuerdos puedan generar una cadena de traslados en la que resulte cada vez más difícil determinar qué país es responsable de garantizar la protección de los derechos de las personas deportadas.





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