Cornell someterá a revisión su actuación ante presunto abuso grupal de una estudiante
La Universidad de Cornell designó a Sally Yates, ex vicefiscal general de Estados Unidos, para realizar una revisión independiente sobre la respuesta que tuvo la institución ante la denuncia de una presunta violación grupal ocurrida en 2024, un caso que volvió a generar indignación y protestas dentro y fuera del campus.
Yates, quien ocupó el cargo de vicefiscal general entre 2015 y 2017 y dirigió brevemente el Departamento de Justicia, realizará una revisión de la actuación de Cornell, luego de los cuestionamientos sobre la manera en que la universidad respondió a las acusaciones contra estudiantes vinculados con la fraternidad Chi Phi.
La denunciante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, sostiene que fue presionada para consumir ketamina antes de ser agredida sexualmente por siete integrantes de la fraternidad. Los detalles de la acusación fueron expuestos en una demanda presentada el mes pasado.
Tras recibir las primeras denuncias en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Posteriormente, dos de ellos fueron expulsados. Sin embargo, críticos de la universidad consideraron que las medidas adoptadas fueron insuficientes frente a la gravedad de las acusaciones.
La revisión buscará determinar qué ocurrió durante la respuesta institucional de 2024 y qué medidas podría adoptar Cornell para fortalecer la prevención de la violencia sexual, el acompañamiento a quienes denuncian y los procedimientos para atender este tipo de acusaciones.
También se reabre la investigación penal
El caso no solo volvió a ser revisado por la universidad. La investigación penal sobre la presunta violación grupal fue reabierta la semana pasada, luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, para encabezar el proceso.
En 2024, las autoridades locales habían decidido no presentar cargos al considerar que el testimonio de la denunciante no demostraba la ausencia de consentimiento. La reapertura del caso significa que las acusaciones volverán a ser examinadas por las autoridades estatales.
