Profepa y Conagua aplican 13 clausuras y 79 multas por contaminación del río Atoyac
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en atención al ordenamiento presidencial para limpiar el río Atoyac, han emprendido acciones de clausura, multas y advertencias contra las empresas que arrojan aguas industriales al afluente.
La subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, Gabriela Ortiz Merino, informó que la Profepa tiene como meta realizar más de 80 visitas de inspección en el río durante el año.
En una reunión para detallar los trabajos que desarrollan los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, entidades que comparten la cuenca del Atoyac, se informó que ya se han efectuado 79 inspecciones y aplicado 13 clausuras industriales. Advirtió que las empresas que descargan aguas residuales industriales deben cumplir con el tratamiento correspondiente en sus propias plantas.
Tampoco está permitido verterlas en redes municipales sin cumplir con la normatividad, por lo que los ayuntamientos deben mantenerse alerta. Si permiten que esas aguas residuales se conecten a sus redes, pueden generar responsabilidades para los gobiernos municipales. Por ello, convocó a las autoridades locales a identificar las descargas.
Las autoridades federales y estatales crearán un centro de vigilancia y seguridad para el Atoyac, vinculado con los sistemas C4 y C5, además de promover el seguimiento periódico de las labores de saneamiento en las mesas estatales de seguridad.
Señaló que la recuperación del afluente también es indispensable para proteger los mantos freáticos, prevenir la contaminación de fuentes de agua potable y salvaguardar la salud de las familias de los 22 municipios de la cuenca.
Conagua recomendó a los ayuntamientos que tienen convenios con industrias conectadas a sus redes de drenaje revisar las condiciones de descarga y trabajar en la desincorporación de aquellas que incumplan la normativa.
El comisionado del proyecto del río Atoyac, Isauro Martínez, recalcó que las multas no serán el único mecanismo de respuesta, pues también se buscará que los responsables financien la reparación del daño ambiental. Por ello, llamó a los municipios a actuar oportunamente y evitar que la falta de control sobre las descargas comprometa sus recursos y la salud de la población.
