Pemex lleva ante la FGR más de 10 mil denuncias por huachicol
El delito continúa representando un severo impacto financiero para la petrolera estatal y un desafío constante para la seguridad en la infraestructura del país.
En un esfuerzo por frenar la extracción y comercialización ilícita de combustibles, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) más de 10,000 denuncias penales por el delito de robo de hidrocarburos, comúnmente conocido como huachicol.
Las querellas integradas por el área jurídica y de seguridad de la petrolera buscan judicializar las tomas clandestinas detectadas en la red de ductos nacional, así como la identificación y desarticulación de bandas dedicadas al almacenamiento y distribución ilegal de carburantes.
Un flagelo para las finanzas públicas y la infraestructura
El impacto del huachicol se mantiene como uno de los retos operativos y financieros más grandes para Pemex. A pesar de los despliegues de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en los puntos de mayor riesgo, la infraestructura de transporte y almacenamiento continúa bajo la constante presión de grupos delictivos.
Entre las consecuencias principales señaladas por especialistas en el sector destacan:
Pérdidas millonarias: El volumen desviado de gasolina, diésel y turbosina equivale a una merma considerable en los ingresos operativos de la empresa del Estado.
Riesgo ambiental y comunitario: Las perforaciones ilegales frecuentemente derivan en fugas, derrames de producto que dañan terrenos agrícolas y cuerpos de agua, o contingencias de alto riesgo que obligan al desalojo de comunidades enteras.
Costos de reparación: La atención de tomas clandestinas implica un desembolso constante de recursos técnicos y financieros para asegurar la integridad de la red de ductos.
La respuesta institucional
El envío de estos más de 10 mil expedientes a la FGR busca acelerar las investigaciones y obtener órdenes de aprehensión tanto contra los operadores de campo que instalan las válvulas clandestinas como contra los intermediarios que comercializan el combustible robado a gran escala.
Las autoridades federales han reiterado que las investigaciones no solo apuntan a la persecución en campo, sino también a rastrear las rutas financieras y los esquemas de lavado de dinero que permiten a las redes de huachicol operar en el mercado informal e inclusive infiltrar estaciones de servicio formales.
