Diputada del PRI fumiga parque donde mariposas monarcas descansan de la migración
Lorena de la Garza, diputada local del distrito 10 de Nuevo León, fue exhibida en redes sociales por cometer ecocidio en el Parque Sierra Alta., en Monterrey.
La diputada local Lorena de la Garza se vio en el centro de un escándalo político y nacional luego de que su equipo de trabajo ordenara la fumigación masiva con plaguicidas químicos en los árboles del Parque Sierra Alta (ubicado en la zona sur de Nuevo León, cerca de la iglesia Natividad), un espacio natural que sirve como refugio y corredor migratorio para la Mariposa Monarca (Danaus plexippus) en su histórico recorrido hacia los bosques del centro de México.
La aspersión de sustancias tóxicas se llevó a cabo como parte de los preparativos logísticos para un mitin político y una jornada de vacunación organizada por la legisladora. Sin embargo, la difusión de videos a través de redes sociales —compartidos por ciudadanos y creadores de contenido local— evidenció el uso de aspersores químicos en la vegetación mientras cientos de ejemplares de esta especie protegida sobrevolaban y descansaban en el sitio.
Ante la presión mediática y una petición en plataformas digitales que rápidamente superó las tres mil firmas exigiendo su destitución, la legisladora perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un comunicado y mensajes en video aceptando la responsabilidad, calificándolo como un “error” de su equipo y asegurando que colabora con las inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). No obstante, el caso ha reabierto el debate sobre la impunidad, el desprecio por la biodiversidad urbana y las vías legales para castigar el daño ambiental cometido por actores políticos.
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¿Cómo denunciar, qué penas aplican y es posible acudir a instancias internacionales?
Cuando una autoridad, legislador o particular afecta deliberadamente o por negligencia grave los ecosistemas y especies protegidas, los ciudadanos cuentan con vías legales institucionales para exigir justicia:
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PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): Es la instancia federal encargada de recibir denuncias populares por daños a la flora, fauna silvestre y áreas naturales. La denuncia se puede interponer de manera digital en su portal oficial o vía telefónica, aportando pruebas fehacientes (videos, ubicaciones y testimonios).
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FGR (Fiscalía General de la República): A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Ambientales (FEMDO), se pueden presentar denuncias penales directas cuando los hechos configuran un delito federal tipificado en el Código Penal.
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Fiscalía General de Estado de Nuevo León / Parques y Vida Silvestre: Instancias locales que han iniciado expedientes técnicos de oficio para investigar las responsabilidades administrativas y materiales de quienes ordenaron y ejecutaron la aspersión química.
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2. ¿Cuál es el delito cometido y qué penas contempla la ley mexicana?
La legislación mexicana protege estrictamente a la biodiversidad y a las especies en categoría de riesgo migratorio:
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El marco legal: El artículo 420 del Código Penal Federal sanciona penalmente a quien ilícitamente dañe, recolecte, posea, transporte o destruya ejemplares de flora o fauna silvestre terrestres endémicas, amenazadas o sujetas a protección especial.
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Las penas: De acuerdo con la normatividad ambiental mexicana, este tipo de delitos contra la biodiversidad pueden ameritar penas de uno a nueve años de prisión y el equivalente a trescientos a tres mil días multa, además de la obligación de reparar de manera integral el daño ecológico ocasionado al hábitat afectado.
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3. ¿Se puede acudir a instancias internacionales protectoras de animales y medio ambiente?
Ante la percepción de impunidad o lentitud de los aparatos de justicia locales frente a figuras con fuero o poder político, surge la interrogante sobre el uso de tribunales u organismos globales:
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El alcance de los organismos internacionales: Instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o tribunales internacionales no procesan de manera directa penalmente a ciudadanos o legisladores locales por una falta administrativa o ambiental individual. Su competencia se activa ante violaciones graves a los derechos humanos cometidas o toleradas por el Estado mexicano (por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el T-MEC o en el Acuerdo de Escazú).
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El rol de las organizaciones globales (WWF, Comisión para la Cooperación Ambiental – CCA): Aunque no dictan sentencias de cárcel, las agrupaciones internacionales y comisiones trinacionales (México-EE. UU.-Canadá) dedicadas a la protección de la Mariposa Monarca pueden emitir expedientes de hecho, alertas públicas y recomendaciones vinculantes al Estado mexicano para presionar a que las fiscalías locales y federales no archiven las investigaciones, convirtiéndose en un contrapeso clave para garantizar que la presión ecológica trascienda las fronteras.








