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De Lecumberri a las cárceles actuales: así cambió el sistema penitenciario desde la Revolución

Redacción  FECHA:  20 noviembre, 2026

En plena Revolución Mexicana, las cárceles se convirtieron en espacios que albergaban más que medidas de seguridad. En medio de levantamientos armados, disputas por el poder y cambios de gobierno, también funcionaron como instrumentos de control político, donde podían terminar personas consideradas adversarias del régimen.

A principios del siglo XX, el país mantenía un sistema penitenciario caracterizado por condiciones desiguales, prácticas severas y una distancia considerable entre las disposiciones legales y la realidad de los centros de reclusión.

Uno de los recintos más representativos de aquella época fue la Penitenciaría de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, inaugurada el 29 de septiembre de 1900 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Su construcción buscaba representar una nueva concepción del castigo y la vigilancia, inspirada en modelos penitenciarios europeos y estadounidenses.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación, Lecumberri fue concebida como una prisión moderna, pero con el paso del tiempo se convirtió en escenario de corrupción, abusos y encarcelamientos políticos. Durante la Revolución mexicana, algunos centros penitenciarios fueron utilizados para recluir a personas consideradas peligrosas para las autoridades.

Fue así que Lecumberri recibió tanto a personas procesadas por delitos comunes como a individuos señalados por su oposición política. La detención de disidentes y adversarios del régimen mostró cómo las instituciones de justicia podían convertirse en instrumentos de control cuando no existían garantías efectivas frente al poder político.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió durante la Decena Trágica, en febrero de 1913. Tras el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron trasladados a las inmediaciones de Lecumberri, donde fueron asesinados el 22 de febrero. No se trató de una ejecución derivada de una sentencia judicial, sino de un crimen político ocurrido durante la ruptura del orden constitucional.

¿Qué mecanismos siguen vigentes en México?

Aunque el sistema de justicia actual es distinto al que existía durante la Revolución, algunas instituciones y mecanismos de privación de la libertad continúan formando parte del orden jurídico mexicano.

Uno de ellos es la prisión preventiva, que permite mantener a una persona privada de la libertad mientras se desarrolla su proceso penal, bajo los supuestos y condiciones establecidos en la Constitución y las leyes. No equivale a una condena: la persona continúa sujeta a un proceso y debe prevalecer la presunción de inocencia.

Acorde al artículo 13 constitucional reconoce la existencia del fuero de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar. Sin embargo, establece que los tribunales militares no pueden extender su jurisdicción sobre personas civiles. El Código de Justicia Militar, publicado en 1933 y reformado en distintas ocasiones, continúa regulando esta jurisdicción especializada.

También permanece la institución penitenciaria como parte de la estructura del Estado, aunque su fundamento constitucional actual establece que la privación de la libertad debe desarrollarse con respeto a los derechos humanos y con medidas de trabajo, educación, capacitación, salud y deporte orientadas a la reinserción social.

Una historia que todavía plantea preguntas

El cierre de Lecumberri como prisión ocurrió el 27 de agosto de 1976; años después, el inmueble fue convertido en sede del Archivo General de la Nación, donde hoy se resguardan documentos fundamentales para reconstruir la historia política y social del país.

Su historia permite observar que las cárceles no pueden analizarse únicamente desde su arquitectura o su capacidad para mantener personas bajo custodia. También deben entenderse a partir de las relaciones entre el poder, la justicia, la seguridad y los derechos de quienes son privados de la libertad.

Más de cien años después de la Revolución mexicana, el debate continúa sobre formas de garantizar que las instituciones encargadas de impartir justicia y mantener la seguridad no se conviertan en instrumentos de abuso, corrupción y control político.





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